La financiación es para el PSOE lo que el trasvase fue para el PP

La historia reciente de Aragón demuestra que el coste de no defender con claridad los intereses propios puede ser alto. Aunque separados por más de dos décadas y contextos muy diferentes, se podría decir que la financiación autonómica podría llegar a ser para el PSOE aragonés lo mismo que fue para el PP regional el trasvase del Ebro del 2001.

Los socialistas se enfrentan al dilema de optar entre la realidad de la despoblación y la lealtad al Gobierno que tiene como portavoz a la líder en Aragón. Tremenda incomodidad. Tanta como la que tuvieron los Gustavo Alcalde y José Atarés de la época que vieron cómo las leyes trasvasistas de su líder, entonces además presidente del Gobierno de España, José María Aznar, les llevaron a unas derrotas electorales que, a la postre, supusieron el inicio de su particular travesía del desierto por la política aragonesa. Nada menos que de diez años.

El PSOE aragonés tiene un espejo en el que verse reflejado. La sociedad aragonesa podría volver a ver cómo hay políticos que defienden lo indefendible por obligación y tienen que tomar medidas impopulares. El equilibrio en este caso es precario, donde la ambigüedad y los matices discursivos intentan disimular una realidad difícil de gestionar: Aragón necesita una financiación justa que el Gobierno socialista, por ahora, no está dispuesto a priorizar. Y para colmo, ese Ejecutivo nacional tiene como portavoz a la líder del partido en Aragón, lo que añade dramatismo al asunto por mucho que el PSOE aragonés opte también por defender el criterio de la despoblación y la orografía.

Solo hay una diferencia importante. En el caso del trasvase del Ebro, el rechazo social fue masivo y muy visible, lo que convirtió el tema en un símbolo de resistencia aragonesa. La financiación autonómica, en cambio, es un asunto más técnico y menos emocional, lo que dificulta movilizar a la ciudadanía con la misma intensidad. Esto podría dar al PSOE aragonés un margen mayor para maniobrar sin sufrir un desgaste tan inmediato, aunque el riesgo ahí lo tiene e intenta frenarlo con su postura distinta a la del Gobierno.

El PP aragonés pagó un alto precio por su posición sobre el trasvase del Ebro, y el PSOE podría enfrentarse a consecuencias similares si no logra conciliar sus compromisos con el Gobierno central y las necesidades de la comunidad. Por eso Azcón tiene muy claro que aunque en el PP tampoco hay unidad de acción con la financiación, él va a defender los criterios que siempre ha marcado Aragón.

Los partidos aragoneses deberían reflexionar sobre si la lealtad a las siglas nacionales puede justificar el sacrificio de los intereses territoriales. La política, al fin y al cabo, debería centrarse en las personas y sus realidades, más que en la disciplina de partido. Porque, como bien sabe Aragón, su identidad y su futuro no se negocian.

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