Opinión | EDITORIAL

Cambio de rumbo en la construcción

El sector de la construcción fue uno de los más demonizados y penalizados tras la crisis de 2008. Tanto es así, que la pérdida de empleo y empresas pareció no tener fin durante los años posteriores, lo que golpeó con fuerza su reputación y las expectativas de remontar el vuelo. Hoy, más de 15 años después, el escenario es otro. La recuperación de la economía, a partir de 2015, permitió a los supervivientes de la recesión coger algo de oxígeno y planificar un futuro que, por entonces, todavía presentaba muchas sombras. La pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania y la evolución del mercado laboral dejó nuevas piedras en el camino que se tradujeron en un incremento de las materias primas y en un déficit de potenciales empleados. Hoy, más de 15 años después, los nubarrones parecen haber dado paso a un escenario más positivo para un sector que da empleo a 40.000 personas y del que forman parte alrededor de 4.000 empresas. El prolongado ciclo económico, la bajada de los tipos de interés, el aumento de la demanda por parte de los ciudadanos y las administraciones y la disposición de la construcción a emprender un nuevo rumbo dibujan un panorama más esperanzador.

Ese nuevo horizonte y un cambio de mentalidad en las empresas y los agentes del sector fue la nota predominante en la jornada que ayer organizó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y en la que se abordaron las claves de futuro de la construcción. El acto también sirvió para presentar en sociedad el clúster, integrado por más de 50 compañías, lo que evidencia que existe una nueva hoja de ruta que pivota en la cooperación, la colaboración público-privada, la industrialización del sector, la formación de los trabajadores, la sostenibilidad y la digitalización, entre otros factores. Todo ello para afrontar una demanda creciente de viviendas y de proyectos industriales y logísticos que están llegando a la comunidad en los últimos años.

El foro también se hizo eco de la necesidad de reivindicar el peso de un sector muy castigado a partir de 2008 y de buscar sinergias, no solo para mejorar los procesos, la calidad y la eficiencia sino también para contribuir a paliar la emergencia social del acceso a la vivienda. Precisamente, el consejero de Fomento, Vivienda y Logística, Octavio López, anunció que los primeros pisos públicos destinados a alquiler asequible promovidos por la DGA en Zaragoza oscilarán entre los 305 y los 657 euros. Será el primer lote (607 viviendas) que se ubicarán en el Actur y Valdespartera y que estarán listas a comienzos de 2027.

Este anuncio y la probable aprobación de una nueva ley de Vivienda para Aragón después de 40 años son una muestra más de que esa comunión entre administraciones, instituciones y empresas es la que, finalmente, cambiará las coordenadas de un sector con importantes implicaciones a todos los niveles.

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