Opinión | EL ARTÍCULO DEL DÍA

Gonzalo Calamita

El actual Ayuntamiento de Zaragoza se ha mostrado, de forma reiterada, insensible a cualquier medida que pretenda el desarrollo de una necesaria memoria democrática en la ciudad. Es cierto que el Gobierno regional de PP-Vox derogó la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, pero habría que recordarle a la corporación municipal que, pese a ello, está en vigor a nivel estatal la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática que, en su artículo 35.2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, obliga a las administraciones públicas a la supresión de la toponimia del callejero urbano y de los títulos honoríficos que en su día les fueron concedidos a todas aquellas personas vinculadas a la defensa o exaltación del régimen franquista.

Este es el caso, entre otros, de la calle dedicada a Gonzalo Calamita Álvarez, quien fuera catedrático de Química Orgánica, decano de la Facultad de Ciencias y rector de la Universidad de Zaragoza durante los años 1935-1941. Al margen de su actividad académica, Calamita tuvo una participación activa en la consolidación del golpe militar en la capital aragonesa, como él mismo declaró: «En las primeras horas del 19 de julio de 1936 puse a disposición del General Jefe de la Quinta División todos los elementos universitarios», esto es, al servicio del general Miguel Cabanellas, máximo responsable de la sublevación militar en la ciudad de Zaragoza. De este modo, suspendida la actividad docente, que no se reiniciaría hasta septiembre de 1939, se produjo una militarización de los edificios y servicios universitarios: el Colegio Mayor Pedro Cerbuna se convirtió en hospital militar, mientras que las facultades de Medicina y Ciencias se dedicaron a la obtención de material militar para el abastecimiento de las tropas franquistas y la de Filosofía y Letras se destinó a albergar tropas.

Durante la guerra, Calamita fue un activo colaborador de los sublevados y así, a propuesta suya, la Junta de Defensa Nacional (JDN) franquista decretó el 19 de agosto de 1936 las nuevas normas que imperarían en las escuelas de Primaria, cuya enseñanza debía responder «a las conveniencias nacionales». De igual modo, fue el principal responsable del proceso de depuración del profesorado del Distrito Universitario de Zaragoza, en aplicación del Decreto nº 108 de la citada JDN, lo cual supuso la destitución o sanción de unos 300 maestros y de 40 profesores de Enseñanza Media y Universitaria en Aragón, entre ellos, algunos de sus compañeros docentes en la Universidad de Zaragoza acusados por los rebeldes de «tibios» o «desafectos» como Gumersindo Sánchez Guisande, Santiago Pí Suñer, Juan Marín Sauras o Felipe Jiménez de Asúa. Peor sería el caso del catedrático Francisco Aranda Millán o de José María Muniesa Berenguer que, tras su destitución, serían posteriormente asesinados. Igualmente, a instancias del rector Calamita se depuró a los docentes de enseñanza Primaria o Secundaria acusados de pertenecer al sindicato socialista FETE o de ser izquierdistas, llegándose a fusilar, como señalan las historiadoras Julia Cifuentes y Pilar Maluenda, tan sólo en la provincia de Zaragoza, a 29 de ellos. Se tiene constancia igualmente de que, a iniciativa del rector Calamita, entre diciembre de 1936 y enero de 1937 se llevó a cabo también la depuración del personal subalterno adscrito a la Universidad de Zaragoza, como era el caso de los mozos de lavadero, lavanderas y fogoneros.

Las bibliotecas tampoco se salvaron del fervor depurador de Calamita y, por ello, 4.289 libros que no pasaron su criba fueron destruidos.

Además de lo dicho, Calamita fue el jefe del Servicio Químico de Guerra de la Quinta División y encabezó el equipo compuesto por el personal de la Facultad de Ciencias que se dedicó a la fabricación artesana de más de cien mil «botellas incendiarias». Convertido en asesor y jefe de la Sección Técnica de Aragón de la Dirección Nacional de Guerra Química, transformó, como señala Ángel Alcalde, a la Universidad de Zaragoza en un importante centro logístico para el ejército franquista durante toda la guerra.

En premio a todo ello, la memoria de Calamita es honrada inmerecidamente en la ciudad de Zaragoza con una calle en su memoria. De igual modo, a fecha de hoy sigue ostentando los títulos de «Hijo Adoptivo de la Ciudad de Zaragoza» y «Rector Honorario de la Universidad de Zaragoza». Por ello, pienso que esta situación resulta inaceptable para la memoria democrática pues, como señala Josemi Gastón, «una sociedad que pretenda fortalecerse democráticamente, tiene que eliminar de su espacio público todo símbolo franquista»... y en Zaragoza quedan demasiados.

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