Las grietas de la educación

El acceso a la educación es un derecho que no está en cuestión en sociedades avanzadas como la española, pero siempre existe la letra pequeña que demuestra que el punto de partida no es para todos igual. Una prueba de ello es lo ocurrido esta semana en las aulas de los municipios oscenses de Gistáin, Plan, San Juan de Plan y Saravillo. Estos centros, pertenecientes al Colegio Rural Agrupado (CRA) Cinca-Cinqueta, se unificarán en un solo espacio después de que las familias se pronunciasen sobre cuál era la mejor solución. Había dos opciones sobre la mesa: mantener todos los colegios con muy pocos niños o agrupar a todos en uno solo el próximo curso, favoreciendo así su socialización, pero abriendo una gran sima en unos pueblos que dirán adiós para siempre a los pupitres, y eso son palabras mayores. El solo hecho de tener que votar demuestra que las circunstancias son muy diferentes en los pequeños núcleos rurales y en las ciudades. Y estamos hablando de educación. 

El cierre de un colegio en un municipio representa un drama casi insalvable y es un síntoma inequívoco de falta de presente, pero sobre todo de futuro. Las familias de Gistáin, San Juan de Plan y Saravillo tendrán que llevar a sus niños a Plan y eso es un hecho irrefutable porque así lo han decidido entre una alternativa mala y otra peor. Es más que probable que no sea el único CRA que siga este camino en los próximos años porque la natalidad está en sus horas más bajas y porque las políticas contra la despoblación y a favor de la reactivación del medio rural no se han traducido en resultados. No tiene fácil solución el problema, es cierto, pero también lo es que, a pesar de todo lo que se ha hablado de despoblación, este asunto no figura como una prioridad en las agendas de las administraciones.

El fenómeno de las aulas vacías será el denominador común de muchos de los más de 700 municipios que suma Aragón, pero los núcleos urbanos, incluido Zaragoza, comprobarán en los próximos años cómo se reducen las vías de los centros educativos, se clausuran aulas e incluso colegios por la progresiva disminución del número de alumnos, una sangría que la inmigración tampoco conseguirá frenar. Es innegable el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón para poner freno a la extinción de los centros educativos en los pueblos. Tanto es así, que la comunidad mantiene abiertas casi 50 escuelas rurales con apenas tres alumnos, con lo que ello supone desde el punto de vista presupuestario. Sin embargo, sin empleo, vivienda y más facilidades todo irá a peor. Y es ahí donde habría que poner el foco. Eso, y en el fomento de la natalidad a través de medidas transversales.

El cierre de un colegio en un municipio representa un drama casi insalvable y es un síntoma inequívoco de falta de presente, pero sobre todo de futuro

Aragón ha perdido en solo cinco años más del 10% de los alumnos de infantil, de forma que se han reducido en 5.000 los alumnos matriculados de hasta seis años. Además, los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que el número de nacimientos se ha desplomado un 25% en la última década en Aragón, es decir, casi 2.800 menos. Y la tendencia es imparable. La inercia obliga a buscar soluciones, no solo en los municipios pequeños sino también en los grandes núcleos como Zaragoza. Y ahí, precisamente, es donde será preciso decidir si los gobiernos de turno apuestan por la educación pública o por la concertada. Ambas son y han sido complementarias en un contexto de ‘boom’ demográfico, pero ahora la historia es otra. 

Administraciones como el Gobierno de Aragón tendrán que decidir, al igual que han hecho esta semana las familias del CRA Cinca-Cinqueta, cuál será el destino de sus recursos para hacer de la educación el verdadero puntal de Aragón. Y de qué forma articulará su estrategia para no dejar a nadie por el camino, para que se consagre como un derecho independientemente de cuál es la procedencia y la familia de los alumnos. En el ‘Informe 2024 sobre el estado del sistema educativo’, elaborado por el Consejo de Escolar del Estado, se abogaba por reducir la financiación de los conciertos, vigilar la financiación de estos centros y priorizar la escuela pública cuando haya que cerrar aulas por la caída demográfica. 

El descenso de niños es negativo de por sí, pero puede servir para apuntalar la educación de calidad, reducir las ratios y destinar recursos a los alumnos con necesidades especiales, o bien para ahondar más en las brechas invisibles pero letales de un sistema sobre el que se cimenta toda la sociedad.