Los intereses de la quita del FLA

La decisión del Gobierno de condonar una parte de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el Estado por los créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es el resultado, evidentemente, de una de las exigencias por parte de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Y beneficia a las finanzas de la Generalitat de Cataluña; pero también al conjunto de territorios, que se vieron, en su mayoría, obligados a endeudarse más de lo usual para poder hacer frente a la gran crisis económica que comenzó en 2008. De hecho, el FLA se creó en 2012 precisamente para que en plena crisis financiera, todos los gobiernos autonómicos pudieran acceder a unos recursos que los mercados no les iban a facilitar, pero que sí podía movilizar el Estado. La quita representa un total de 83.252 millones para el conjunto de las comunidades, de los cuales algo más de 17.000 son los que serán condonados a la Generalitat. Esa cantidad, 2.000 millones más de los pactados entre Sánchez y Esquerra hace dos años, supone el 22% de la deuda que Cataluña tiene con el FLA. El líder de ERC aseguró que esa cantidad equivale «a todo lo que el Govern invierte anualmente en salud, educación, universidades e investigación». Andalucía supera en términos absolutos esa cuantía, ya que le serán condonados casi 18.791 millones, y la tercera comunidad más beneficiada es la valenciana. Para Aragón supondrán 2.124 millones, muy lejos de las cifras de estos territorios.

La decisión libera a las comunidades de una carga que las tenía atadas de pies y manos, con una deuda acumulada que les obliga a abonar recursos a los intereses y les impide acceder al mercado crediticio. No obstante, las discrepancias vienen desde frentes e intereses diversos. Junts ya ha anunciado que está en contra del café para todos y exige un trato singular y la condonación del total de la deuda de la Generalitat. Pero ninguna mejora de la financiación de Cataluña será posible sin atender a las necesidades de otras comunidades, y negarse a ello es tanto como bloquear cualquier avance posible en términos realistas. También la dirección del PP ha optado por abstraerse del beneficio que esa quita puede suponer para las autonomías que ellos gobiernan, entre ellas Aragón, y su líder ha expresado su oposición a la medida, que califica de «trampa». En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se verá si los presidentes autonómicos populares siguen o no las consignas. Muchos de ellos ya han empezado a rechazar la quita con argumentos diferentes y seguramente mantendrán esta posición en primera instancia, pero a la hora de la verdad lo más probable es que se vean forzados por pura responsabilidad a adoptar la decisión que sea más ventajosa para las finanzas de su comunidad. O no.

A eso también juega el Gobierno. Porque por importante que sea aliviar las finanzas autonómicas, algo que se debería haber hecho hace ya tiempo, no se le oculta a nadie que el momento buscado por Sánchez para emprenderlo tiene un doble interés: recomponer los apoyos que consiguió en 2023 para su investidura y resquebrajar públicamente a los populares. Si lograra rehacer las relaciones con quienes le apoyaron en la investidura, que no lo tiene fácil, Sánchez podría obtener unas semanas sin esos sobresaltos a los que le acostumbran sus socios, y si pudiera dividir al PP, debilitaría su labor de oposición. Eso, tanto como el empeño del PP en desgastar a Sánchez, formaría parte de los intereses ajenos a la medida.

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