Opinión

Las cuentas de la discordia

La condonación de la deuda a las comunidades abre nuevos escenarios para las autonomías gobernadas por el PP, que deberán ser más prácticas que políticas y mirar al medio y largo plazo

El director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, charla con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, antes del CPFF.

El director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, charla con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, antes del CPFF. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La transparencia se encuentra en horas bajas y eso es siempre una mala noticia para los ciudadanos, pero también para los periodistas que tratamos de diseccionar una realidad cada vez más compleja. La ceremonia de la confusión en la que navega la clase política es más que preocupante en un momento en el que faltan argumentos y números sobre la mesa y sobran interpretaciones de parte en asuntos que afectan directamente al bolsillo de los contribuyentes. Y esto es, precisamente, lo que ha sucedido en una semana en la que la ministra de Hacienda ha propuesto la condonación de 83.252 millones de euros de deuda al conjunto de las comunidades autónomas. 

El planteamiento de partida es positivo porque libera recursos a las autonomías (a unas más que a otras) que se encuentran infrafinanciadas y que precisan de respiración asistida para dar cobertura a sus servicios públicos más esenciales. Eso sí, la deuda no se esfuma, se mutualiza entre todos los españoles. En el caso de Aragón, la medida permitiría la condonación de 2.124 millones, a los que habría que sumar el ahorro de los intereses que generan esa deuda, cuya cifra, por cierto, nadie ha podido o querido aclarar hasta la fecha, aunque podría variar entre los 60 y los 80 millones de euros. 

Pero la cuestión de la disputa ya no es tanto el qué sino el cómo, y es ahí donde asistimos a un intercambio de golpes entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades gobernadas por el PP (entre ellas Aragón), que se visualizó con el plantón de estas últimas en la reunión del Consejo de Polítida Fiscal y Financiera, celebrada el pasado miércoles. Ese plantón, sin embargo, se ha ido modulando conforme han transcurrido los días –Azcón abogó el jueves por leer primero la letra pequeña antes de tomar una decisión– y seguirá esa misma tendencia hasta que cada comunidad se enfrente a la cruda realidad.

El debate, no obstante, se encuentra en estos momentos viciado por la política. Nadie duda de que la propuesta parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC, la cual beneficia especialmente a Cataluña pero también a Andalucía, autonomía que, por cierto, quiere reconquistar el PSOE con María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda. Ambos factores han abierto la caja de los truenos en el PP de Feijóo, que ha cerrado filas y se ha opuesto sin fisuras a la condonación de la deuda. El argumentario popular pivota en el rechazo a que esa quita beneficia a Cataluña, pero obvia que también lo hace a Andalucía, actualmente gobernada por Juan Manuel Moreno (PP), a la comunidad Valenciana de Mazón (PP) y a la Murcia de López Miras. Entre las tres suman más de 33.000 millones. ¿Podrán decir que no?

Ser audaces, velar por el bien común, aparcar la política inflexible y buscar consensos puede ser la llave para abrir puertas que hoy parecen cerradas a cal y canto

En el caso de Aragón, el escenario no es tan halagüeño, aunque convendría no hacerle ascos, sobre todo si esos 2.124 millones y sus correspondientes intereses se pueden utilizar para apuntalar la educación, la sanidad y los servicios sociales, o bien para estimular la inversión productiva en un momento en el que la comunidad se encuentra en un escenario económico envidiable. Aunque la ministra y candidata al PSOE, Pilar Alegría, aseguró que ese dinero podrá utilizarse para afianzar esas políticas públicas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) es clara al asegurar que no se podrá hacer, al menos de momento, al tiempo que advierte de que el proceso de condonación de la deuda a las comunidades debe imponer condiciones para evitar que sigan endeudándose. 

Tampoco conviene perder de vista que la mutualización de la deuda debería tener unos criterios y un fin. Los primeros no los ha explicitado el Gobierno de Pedro Sánchez, que no anda muy atinado a la hora de hacer pedagogía, mientras que el segundo, el objetivo último, ha de ser encarar con ciertas garantías la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que es la auténtica clave de bóveda sobre la que se sustenta la gestión de los recursos de las autonomías.

Aragón, por tanto, se encuentra en un laberinto de difícil salida. Para lograrlo ha de tomar posición respecto a la condonación de la deuda, pero también debe despejar las incógnitas sobre unos presupuestos que ni están ni se esperan. Ser audaces, velar por el bien común, aparcar el posicionamiento político inflexible y buscar consensos puede ser la llave para abrir puertas que hoy parecen cerradas a cal y canto. 

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