La factura de la despoblación

Si con el actual modelo de financiación autonómica ya resulta complicado prestar los servicios esenciales en las zonas rurales, es poco probable que la reforma planteada desde el Gobierno central logre corregir esta situación; más bien podría agravarse. Incluso si se alcanza un acuerdo político que compense la reducción de ingresos para la Hacienda regional, no hay ninguna garantía de que esos fondos se destinen de manera efectiva a mejorar los servicios públicos en el ámbito rural.

Desde las instituciones aragonesas se insiste estos días en que llevar los servicios públicos a los pueblos es una cuestión de dinero. Esta afirmación es cierta, pero solo en parte. El desconocimiento de la ruralidad y el rechazo de este entorno como destino profesional dificultan la presencia del sector público autonómico fuera de las ciudades. Basta con abrir las páginas de este periódico para comprobar la complejidad de esta cuestión. El constante flujo de noticias sobre la falta de especialistas en los hospitales periféricos, la escasez de personal de apoyo en las escuelas rurales o la dificultad para cubrir las vacantes de médicos de atención primaria en los pueblos es solo la punta del iceberg de un problema de fondo que afecta al mundo rural.

Proporcionar servicios de calidad en un territorio tan extenso, envejecido y despoblado como el aragonés implica un elevado coste económico. Estas crecientes necesidades de gasto van a tensionar el presupuesto de la comunidad y cualquier recorte en los ingresos –como la supresión de los mecanismos correctores del modelo de financiación– comprometerá la sostenibilidad de las cuentas públicas. De ahí la posición beligerante del Gobierno aragonés con el borrador de la reforma propuesto por el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, contar con un presupuesto autonómico expansivo tampoco ha evitado que se ampliara la brecha de calidad entre los servicios públicos de las zonas rurales y de las áreas urbanas. La razón de esta desigualdad no se encuentra únicamente en una financiación insuficiente, sino que su causa más probable es la ineficiencia en la organización de los servicios públicos. En otras palabras, la disponibilidad de una atención sanitaria de calidad, una educación de primer nivel y un catálogo ampliado de servicios sociales no depende únicamente de los recursos financieros, sino también de la eficiencia y capacidad de gestión de la Administración competente.

En cualquier caso, el debate sobre la reforma del sistema de financiación deja claro que el principal objetivo de los gobiernos regionales será alcanzar un acuerdo que aumente los ingresos para sus respectivas comunidades autónomas. Este «pacto de Estado» no tiene entre sus objetivos corregir el desequilibrio territorial del país sino responder a las nuevas dinámicas de poder expresadas por las regiones más pobladas y con mayor influencia política. Este nuevo enfoque explica por qué el gobierno central ha planteado la negociación como un juego de suma cero, donde los mayores ingresos en unos territorios son las pérdidas de recursos de otros.

La despoblación es la consecuencia más dramática del abandono de un territorio por las administraciones públicas. El debate sobre la financiación vuelve a poner de manifiesto la falta de una estrategia sólida para abordar los problemas de la ruralidad. Todo indica que, con o sin financiación, gran parte del territorio rural aragonés se encamina hacia un precipicio demográfico.

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