Así son los pactos como las cerezas

Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno a mediados de noviembre de 2023, además de con el apoyo de los que siempre habían sido sus socios, con los siete votos de Junts. El 9 de noviembre firmaron entre las dos formaciones un acuerdo de investidura, no de gobernabilidad, que incluía la aprobación de una ley de amnistía que abarcará el período comprendido entre 2012 y 2023. La ley se aprobó, pero como todo en esta legislatura en un terreno que ni para ti, ni para mí, porque Puigdemont sigue en su huida con el Tribunal Supremo negándose a amnistiar el delito de malversación que pesa sobre él.

Justo antes de la investidura el PSOE y ERC firmaron a su vez un acuerdo de financiación, que perdonaba 17.104 millones de euros de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómico. Año y medio después todavía no se ha hecho efectivo, y desde el Ministerio de Hacienda se ha extendido a una quita a todas las comunidades autónomas. En ese mismo documento se acordaba el modelo de concierto económico para Cataluña, que permitiría a la Generalitat recaudar y gestionar todos los impuestos generados en su territorio. No hemos sabido mucho más desde ese momento, lo que sí conocemos es que ninguno de los dos partidos gobierna en Cataluña desde agosto de 2024 que lo hace el PSC, con Salvador Illa.

La competencia política entre ERC y Junts, el primero mucho más leal al Gobierno central, desata propuestas negociadoras desde ese momento en cascada. Para aprobar el decreto ómnibus, Junts solicita una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Y para levantar esa cuestión de confianza, esta semana, llegan al acuerdo sobre la delegación de competencias estatales en la gestión migratoria a la Generalitat, que ellos no gobiernan. En pos de los catalanes que no les han votado y con la vista puesta en Alianza Catalana, que se les está comiendo parte de la tarta electoral en el interior del territorio. Pero esta proposición de ley, que van a presentar juntos a las Cortes Generales, acogiéndose al artículo 150.1 de la Constitución que posibilita la delegación del Estado en las comunidades autónomas sobre facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, necesita de una ley orgánica, esto es, al menos 176 de los 350 diputados. Habrá que esperar a la aprobación en el Congreso y en el Senado, por ahora los números no dan. Pero mientras tanto Puigdemont y Nogueras lo venden como un gran éxito, que solo pueden proclamar vía telemática, porque el líder sigue en Waterloo y sus administrados son los de la Diputación de Gerona, la institución más grande donde gobiernan.

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