La encrucijada en la Atención Continuada

La consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón se enfrenta en los próximos días a uno de los momentos más delicados de la legislatura con un enfrentamiento con quienes se oponen al plan diseñado para reordenar la Atención Primaria y derivar la asistencia que se presta desde los Puntos de Atención Continuada (PAC) a cuatro centros de especialidades repartidos, igual que estos, por los diferentes sectores sanitarios de la capital. Ayer, el titular del departamento, José Luis Bancalero, trató de desgranar toda la información posible a los colectivos y entidades que conforman el Consejo de Ciudad de Zaragoza, recibiendo críticas antes y después del encuentro. Dentro de unos días se celebrará una manifestación por las calles de la capital aragonesa para mostrar el rechazo que despierta su decreto, y antes de que acabe el mes de marzo ya hay previsto realizar dos jornadas de huelga. Un foco de tensión en medio de un escenario global, el de toda la comunidad, en el que hay más fuegos que sofocar. Este se suma a los constantes problemas por las vacantes sin cubrir y la especial dificultad para hacerlo en el medio rural que le han perseguido durante toda la legislatura, o a las críticas recibidas, en la calle y en el Parlamento, desde zonas sanitarias como las Cinco Villas, por el déficit de profesionales y las medidas que se van adoptando y que se reciben como meros «parches» por los vecinos. O a la delicada situación en la que se encuentra la zona de Barbastro, tras las renuncias del gerente del sector sanitario de Barbastro y Huesca, Luis Canalejo, y hace pocos días la del director de su hospital, Juan Eito. Las urgencias se acumulan en un departamento que necesita aplicar cuidados paliativos a una situación que quizá arrastra ya varios años de escasa atención preventiva.

Lo que parece evidente es que los problemas en la capital nada tienen que ver con los que se sufren en el medio rural, aunque la caja de resonancia es mayor y siempre parece más complicada y grave cuantos más damnificados conlleva. Pero las cifras en la Atención Continuada son las que son y, tal y como se publica en la edición de hoy de este diario, con el mismo personal que hace años se están atendiendo muchas más consultas. Ahora son 650.000 al año en los puntos de atención que abren solo tres horas por las tardes, de 17.00 a 20.00 horas, y se encuentran repartidos en los barrios. Son 41.000 más en solo seis años y lo que se plantea ahora es una solución que la DGA considera más resolutiva y eficiente derivando a esos pacientes a centros de especialidades que tienen más capacidad de absorción y prometen menos esperas. Pero como ya ha sucedido en otras ocasiones, es casi una cuestión de fe creer que será así. Porque enfrente está el sindicato mayoritario de los médicos que, tras varios años de paréntesis, vuelven a la protesta por una medida que no comparten y sobre la que tienen mucha capacidad de respuesta. Al final, el paciente solo quiere recibir la mejor atención posible, la necesaria, y no precarizar un servicio público que ahora tampoco está exento de críticas. Igual la respuesta, para este gobierno y para el anterior, era la de incrementar el personal disponible en esos puntos de atención continuada para poder absorber esa demanda creciente. O quizá esto es un pulso más entre profesionales y Administración en el que el usuario solo será el pagano de sus desencuentros o acuerdos.

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