Salud y sensibilidad en el territorio

El articulo 11 de nuestro Estatuto de Autonomía consagra el principio universal de que, como aragoneses, tenemos los derechos, libertades y deberes establecidos en la Constitución y en el propio Estatuto, obligando a los poderes públicos a promover las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el ejercicio de estos derechos. Entre ellos, el artículo 14 consagra el derecho a la salud, estableciendo el derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, debiendo los poderes públicos garantizar la existencia de un sistema sanitario público desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna. Y para ello, los aragoneses de todas las comarcas contribuimos por igual (sí, por igual), conforme al artículo 31 de la Constitución en base al principio de capacidad económica, igualdad y progresividad.

La redacción es clara, precisa y ambiciosa, sin dejar margen a la duda o a la interpretación. Y eso, en un sistema como el nuestro en el que buena parte del valor de las cosas descansa en las expectativas depositadas, significa por tanto orgullo por lo existente y por todos aquellos que contribuyeron y contribuyen todos los días a su existencia, así como certeza y plena confianza en el mismo y en las personas encargadas de su gestión y realización.

De ahí que, en pleno siglo XXI, no deberían existir, tampoco que se pudieran llegar tan siquiera a sentir, aragoneses en provincias; es más, de provincias en provincias si consideramos la óptica administrativa con la que se tratan los constantes acontecimientos sanitarios en el Sector Sanitario Barbastro, pues conviene recordar que es uno de los ocho que componen el SALUD en Aragón (de los dos existentes en la provincia) y que cubre la atención sanitaria de una población equivalente al Sector Sanitario Huesca, lo cual se traduce en más de 110.000 altoaragoneses de las comarcas del Somontano de Barbastro, Sobrarbe, Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y Ribagorza.

Listas de espera, dimisiones, posiciones sin cubrir y otras cubiertas bien con personal que podrían no cumplir con la totalidad de los requisitos administrativos legalmente exigidos (no se cuestiona la profesionalidad del ejerciente sino el hecho de si se cumple o no con la legalidad vigente) bien con soluciones aparentemente imaginativas pero descabelladas, insostenibles e inasumibles tan siquiera en el corto plazo desde una óptica pura y estrictamente financiera (que también es importante) son, si nos atenemos a lo que trasciende en los medios de comunicación, el día a día de un sector que debe ser, con los medios materiales y humanos necesarios y en todo caso no menos que al resto, orgullo y referente no solamente de la parte oriental de la provincia de Huesca, sino de todo Aragón.

Porque, en provincias de provincias, su sola presencia debe servir también para irradiar futuro, estado de bienestar, prosperidad económica y socio cultural, desarrollo y potencial destino profesional, si así lo estiman conveniente, para cuando menos sus habitantes así como de todos aquellos que quieran iniciar en el territorio su proyecto vital. Eso que desde la política llaman «reto demográfico» y para lo que hay hasta un ministerio creado al efecto cuya única iniciativa al menos conocida en el territorio es colocar un parque fotovoltaico en el embalse de El Grado, amén de otras medidas cuando menos grotescas y pintorescas (no cabe citarlas, por todos conocidas y loadas en grandes ruedas de prensa) que se repiten en el tiempo y que suponen un goteo constante de recursos y una inagotable fuente de frustración. 

Considerarlo como un mero centro de salud sería un error a mi entender; es algo más, y por ser algo más debe ser defendido y cuidado en sus múltiples facetas, por todos. 

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