De Canarias a la Península

Tras haber cerrado un acuerdo para la delegación de algunas competencias del Estado en materia de fronteras y gestión de la migración a la Generalitat, el Gobierno ha conseguido el apoyo de Junts a la aprobación de un decreto ley que modifica la Ley de Extranjería y obligará a las comunidades a aceptar la llegada de menores inmigrantes no acompañados. El texto acordado, que aún debe ser convalidado en el Congreso, establece un mecanismo de cumplimiento forzoso cuando en un territorio (ahora se encuentran en esta situación Canarias y Ceuta) el número de menores acogidos sea más del triple de su capacidad de acogida ordinaria. El contingente adjudicado a cada comunidad sería proporcional a su población, riqueza y capacidad de acogida pero se descontaría el esfuerzo ya realizado por cada una de ellas. Así, si las cifras de menores ya atendidos que se manejan se confirman oficialmente durante el mes próximo, Cataluña debería recibir en mayo unos 26 menores de los 4.400 a trasladar, en compensación por el mayor esfuerzo realizado hasta ahora, y Madrid, cerca de 700.

El acuerdo competencial contenía más potenciales e hipotéticos titulares que permitían a Junts sacar pecho en su particular competición con Aliança Catalana por una franja del electorado en disputa ( y a la oposición para alertar de la quiebra de la integridad nacional) que cambios efectivos en la política migratoria. Algo parecido sucede con el de distribución de menores. Algunos sectores del PP rechazarán los criterios fijados como un caso más de trato de privilegio a Cataluña para mantener a flote a Sánchez y reclamarán que las promesas de ayuda financiera se hagan realidad. En esta línea se ha manifestado el Gobierno de Aragón a través de su presidente, Jorge Azcón, que ha tachado de xenófobo el pacto. No obstante, la necesidad de solucionar un problema insoportable en las islas es palmario. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no ha dejado de reclamarlo llamando a todas las puertas. Otros más afines o dependientes de Vox, mientras, rechazan sin más la acogida y reclaman una política de devolución y sitúan a su partido en una posición de difícil equilibrio una vez el decreto ley sea efectivo y deba cumplirse. Por otra parte, a Junts le permite aparentar que sus exigencias en Madrid pueden tener una contrapartida real en forma de control de los flujos migratorios que recibe Cataluña.

Pero la realidad no va exactamente por aquí. El año pasado, el mecanismo voluntario de distribución de menores no acompañados estableció el reparto, totalmente insuficiente, de 347 menores a todas las autonomías: de los 6 adjudicados a La Rioja a los 31 para Cataluña (fueron 30 para Madrid, Andalucía y Extremadura, por ejemplo). Aragón tiene 104 plazas para 197 solicitudes. A Cataluña, el foco de la discordia, llegaron a lo largo de 2024 en realidad 2.643 menores, que fueron atendidos por los servicios sociales de la Generalitat. Porque llegaron a la Península alegando ser mayores de edad y posteriormente pidieron ser atendidos como menores ya en Cataluña por numerosas razones. Nada indica que eso deje de suceder aunque sobre el papel en lugar de 31 sean 26. Lo que realmente cuenta es que los recursos en cada comunidad autónoma (los desplegados por sus gobiernos y los financiados por el Gobierno central) se ajusten a las necesidades reales en cada una de ellas.

Suscríbete para seguir leyendo