El Consejo de Europa, las lenguas de Aragón y la consejera en cuestión

Cada cinco años el Comité de Ministros (47 ministros, uno por cada Estado miembro) del Consejo de Europa (no confundir con el Consejo Europeo de la Unión Europea) da a conocer sus «Recomendaciones» sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM), un tratado internacional ratificado por España en 2001, siendo presidente José María Aznar, y que obliga a todas las administraciones, también al Gobierno de Aragón, como dejó sentado el Tribunal Constitucional en 2016.

Hace muy pocas semanas ha hecho públicas las Recomendaciones del Sexto Informe de Cumplimiento haciéndose eco del Informe del Comité de Expertos, emitido el 18 de junio de 2024 en el que instaba a las autoridades a «Adoptar medidas inmediatas y decididas, en cooperación con los hablantes, para proteger y salvaguardar el aragonés y el catalán y su cultura en la Comunidad Autónoma de Aragón e incluir el nombre de aragonés y de catalán en el Estatuto de Autonomía».

Esta cuestión es ya recurrente cada vez que el Partido Popular gobierna en Aragón porque incumple sistemáticamente no solo el Estatuto de Autonomía, sino también la CELRoM que forma también parte del bloque de constitucionalidad como tratado internacional que es. Así lo hizo el Consejo de Europa en las «Recomendaciones» del Segundo, Tercero y Cuarto Informe de cumplimiento, no en el Quinto pues coincidió con la etapa de la Dirección General de Política Lingüística.

Durante los, casi ya, dos años de este gobierno hemos visto cómo se han suprimido, no solo cualquier órgano administrativo que se dedique a la promoción y protección de nuestras lenguas minoritarias, sino también todas las acciones que se llevaban a cabo para ello: los programas educativos, los premios literarios y artísticos, los premios honoríficos, la colaboración con los ayuntamientos y las comarcas, las subvenciones a asociaciones culturales, la colaboración con la Universidad de Zaragoza...

Hemos visto cómo se ha modificado sibilinamente el currículo de Primaria para hacer competir la elección de las asignaturas de lenguas propias con el modelo BRIT-Aragón, algo que hasta ahora no era así, pues el sistema hacía compatible ambas enseñanzas. Es evidente que desde un punto de vista de utilidad práctica en el sistema educativo esta competencia deja en un lugar secundario a las lenguas propias de Aragón.

Entre 2017 y 2022 se publicaron 163 libros en aragonés, es decir, una media de 27 libros por año. En 2024 el número descendió a la mitad: 14 libros. Parece que la razón es sencilla: la falta de apoyo institucional.

La consejera, cada vez que se le pregunta por este asunto, lo único que dice para defender la ineficacia de su gestión es que existe una Academia Aragonesa de la Lengua que «es a la que corresponde proteger y establecer medidas que difundan este conocimiento» (Pleno de las Cortes de Aragón del 14 de marzo de 2025), quitándose toda responsabilidad en esta cuestión, que la tiene, pues el competente es el Gobierno de Aragón. La Academia, la misma que el PP quería revisar y cambiar su composición (véase su programa electoral), sirve para normativizar (así lo dicen la Ley y sus Estatutos), es decir, para lo que la consejera no quiere que se haga: la Academia ya ha dicho que el catalán en Aragón seguirá la norma del Institut d’Estudis Catalans y respecto del aragonés ha establecido una norma que, a pesar de su falta de consenso, trata de unificarlo, lo que va en contra del dialectalismo a ultranza de la derecha.

Se ampara para defender su gestión en los programas educativos (Jesús Moncada y Luzía Dueso) que no ha sido capaz de convocar durante el curso 2024-25 y en la idea de unificar los premios literarios (Arnal Cavero y Guillem Nicolau) que tampoco ha convocado en los dos últimos años y que la última vez que se unificaron, en 2013 y 2014, quedaron desiertos porque nadie se presentó.

No es de extrañar, por tanto, que el Comité de Ministros del Consejo de Europa le diga expresamente que «tome medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguardar el aragonés y el catalán de Aragón» y, además, le pone plazo: el 1 de febrero de 2026.

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