Un perdón bajo sospecha

Cuando un gobierno controla medios de comunicación esenciales; prescinde del Parlamento en decisiones trascendentes; gobierna por decreto; controla la fiscalía y el órgano de garantías constitucionales; influye de manera decisiva en empresas estratégicas; está rodeado de casos de corrupción... Y se jacta de lo que está haciendo, se cuartea el sistema democrático.

Ese gobierno –sin mayoría social ni parlamentaria– se mantiene en sus trece, obstinado en no convocar elecciones generales, como si, a pesar de encuestas propias, tuviera miedo a las urnas.

Cuando el Tribunal Constitucional (TC) desdeña el trabajo de jueces y tribunales que constatan hechos probados, parece justo que se analice si, en esa actuación, se ha contravenido el derecho europeo.

La tergiversación de la jurisdicción, el blanqueamiento del mayor desfalco de dinero público cometido por un partido y el trasiego descarado de cargos públicos en la justicia señalan eximios niveles de corrupción. Todo ello, viene a ser la consecuencia inevitable de una forma de gobernar.

Terapia para una rehabilitación

Buscando la redención política de ex altos cargos del gobierno andaluz; condenados previamente por la Audiencia y el Tribunal Supremo (TS), por el reparto –sin control– a empresas en crisis, para que sus trabajadores se prejubilaran; la mayoría (7) del TC acordó su amparo. El conocido como borrado de los ERE no dejaba de ser un perdón encubierto.

Cinco jueces sevillanos se han planteado rechazar la orden del TC de reescribir su condena –1.821 folios– a los culpables de haber dedicado al reparto de fondos –la friolera de 680 millones de euros– que el tribunal hispalense y el Alto Tribunal consideraron fraudulento.

Desde la detallada y minuciosa instrucción; de aquella magistrada que salía todos los días en el telediario, arrastrando un carrito y de la que nunca más se volvió a saber; hasta el Supremo; 18 jueces dictaron sentencias que ahora se pretende reescribir, invadiendo competencias ajenas; reinterpretando la ley; creando un tribunal de casación ilegal y hamaqueando la lucha contra la corrupción, anatema en la UE.

La corte de garantías no es un tribunal de casación

Error de los constituyentes fue llamar tribunal a una corte de garantías que no cumple con las expectativas por la que se constituyó en un principio. No forma parte del poder judicial, ni es un tribunal de casación. De sus 12 miembros, al menos 10 son elegidos por los partidos y la mitad no son jueces.

Las sentencias del TC anularon los fallos, por delitos de malversación y/o prevaricación, a quienes la Audiencia Provincial había atribuido el reparto arbitrario y opaco de ayudas a empresas en crisis.

La mayoría progresista del TC alegó que la Audiencia primero –y el Tribunal Supremo después– habían hecho una "interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal".

La Constitución Española no ampara que el órgano de garantías pueda cambiar sentencias del TS o de las Audiencias. De ahí, la necesidad de poner término a la politización que supone el "sistema de cuotas partidistas", aplicado en la renovación de órganos de contrapeso (TC, Tribunal de Cuentas, CGPJ, Defensor del Pueblo, Agencia Protección de Datos, Consejo de Estado), con el fin de colocar a candidatos afines.

Estos organismos están diseñados para poner un tope al poder político, por lo que el reparto por cuotas supone un serio problema para el Estado de derecho.

Conflicto jurisdiccional

La iniciativa de los jueces sevillanos plantea un conflicto jurisdiccional con el TC, a la vista de unas sentencias en las que los magistrados no se limitaron a revisar las condenas a los acusados –a la luz de las garantías constitucionales– sino que suplantaron a la Audiencia Provincial y a la Sala Segunda del TS, en su competencia exclusiva sobre la legislación penal ordinaria.

Una especie de amnistía, ataviada de resolución jurisdiccional. Así desmontó el TC el caso de los ERE y puso a cero el marcador. Según un vocero de la oposición: "Lo han usado como un túnel de lavado"

Con anterioridad, el Supremo; en encontronazos frecuentes con el Constitucional; había abierto una espita inexplorada: la posibilidad de incoar Diligencias Previas sobre el proceder de los magistrados que las dicten, si concurren indicios de prevaricación. En resumidas cuentas, el TC y sus miembros no están libres de una investigación, por un delito que prescribe a los diez años.

El TC no es vitalicio, sus magistrados cambian, de cuatro en cuatro, cada tres años y esos cambios corrigen también las mayorías. El TS es vitalicio, desde el momento en que los magistrados designados no pueden ser removidos y no hay ningún mecanismo de reemplazo que no sea la jubilación, la muerte o el cese voluntario.

Cuestión prejudicial

La cuestión prejudicial es la forma de resolver una duda planteada por un tribunal nacional, que no puede "dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones que hace el Constitucional sobre los ERE no sean del todo compatibles con el Derecho de la Unión".

De ahí que la Audiencia se proponga plantearla al TJUE –con independencia de lo que digan las partes– sin hacer referencia a los recursos impulsados por ambas. Para ello, esbozan como propia la tesis de que el TC hubiera incumplido el derecho comunitario, al propasarse en la función de control que le corresponde, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales

Penalistas canónicos corroboran que, en su sentencia, el TC utilizó la ingeniería jurídica creativa, un "método" de interpretación del derecho que implica una aplicación desigual de la ley. Consideran que se extralimitó y en cualquier caso, hizo lo imposible para enmendar al Supremo.

Pero esto no acaba aquí. Además de la pieza principal sobre la que todavía se tiene que pronunciar la Audiencia, hay más de un centenar de causas desgajadas de la matriz y se acumulan ya más de una veintena de condenas.

Tras siete años de estrépito indetenible, como parte del vivir cotidiano, no cabe descartar que toque esperar, para conocer la respuesta del Tribunal europeo, más de un cuarto de siglo, desde que se produjeron los hechos (2000-2008).

La invasión de Ucrania, tres años ya, implica la afectación que convulsiona la seguridad y la defensa europea, ahora agravada por la distancia trumpiana, sustanciada en alejamiento —económico y militar— de la Alianza Atlántica, preludio inequívoco de una fractura occidental y el correlativo acercamiento al invasor, traducido en la decisión de imponer una paz desequilibrada, a favor de la potencia agresora.

En España, la peculiaridad añadida estriba en gobernar sin el apoyo del parlamento, que invistió a quien perdió las elecciones. Con la dimanante crónica judicial en curso, el indicador que condiciona la política es doméstico y tiene que ver con la preservación del poder.

Para simplificar la ecuación, la frase táctica del presidente del Ejecutivo, "Será una legislatura larga con o sin el apoyo del Legislativo", fue una insolente declaración de intenciones, para que los impacientes se fueran aflojando el cinturón.

Baño de realidad, rearme militar

Tras un letargo prolongado, el despertar europeo se sustancia en un plan anunciado por la Comisión Europea, que consiste en movilizar hasta 800.000 millones de euros —entre fondos europeos y nacionales— en 4 años

Este inopinado apetito militar es la antesala de un previsible aumento de las deudas públicas, que el efecto cascada inducirá la atracción de los inversores, por la subida de los tipos de interés que comporta la emisión de bonos. Y planteará un doble problema, no sólo por el aumento de la propia deuda sino además por el incremento de los costes de financiación en los presupuestos anuales.

Las consecuencias del escalofriante gasto —una crisis de deuda y de restricción presupuestaria son palabras mayores— anima la primera discusión: sobre su cuantía; la subida de intereses; y el comportamiento del impuesto silencioso que beneficia a pródigos y perjudica a ahorradores. La inflación.

En medio de este delirio repentino, aumentar gasto y pagarlo con más impuestos es una tormenta añadida, de modo que la preocupación se adueña de la conversación pública cuando nadie habla de recortar gastos y ser más eficientes.

Resulta perentorio reducir los impuestos a los rendimientos de capital para que prosiga la inversión y la generación de riqueza. Para poder gastar más y, a la vez, disminuir la deuda, hay que aumentar el PIB, para que acrezca la economía.

Con el aumento de la presión fiscal en la UE (40%, la más alta del mundo), agotada la vía del impuesto sobre las rentas del trabajo, el recurso al aumento del gasto de defensa —en base a las rentas del capital— podrá decantar que el inversor se vaya o no venga.

¿Es sostenible el estado de bienestar?

Anida agazapada esa incómoda pregunta. Los analistas canónicos consideran imprescindible recortar el estado de bienestar en los países europeos que superan el 100% de deuda sobre el PIB. Para el integrismo maniqueo, no solo ha de mantenerse sino gastar más, aunque una parte elevada se pierda en despilfarro e ineficiencia.

Los necesarios gastos militares no son inversiones y hay que financiarlos con una deuda controlada, es decir, que el pago de esa deuda tiene que salir de otro anaquel del presupuesto.

Si no se genera suficiente riqueza para aportar los recursos que necesita el estado de bienestar ¿cómo vamos a financiar un aumento en el gasto militar si no recortamos el bienestar del Estado? ¿de dónde va a salir el 2% ya filtrado?

A Einstein se le atribuyó una frase: “Locura, llámelo estupidez, es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes”.

Verdades desagradables

Cuando estas asoman (Jaime Gil de Biedma), la confluencia de la guerra, el realineamiento de bloques, el aumento del gasto militar y el mantenimiento del escudo social —todos ellos actos políticos que deben refrendar los ciudadanos— configuran otros tantos teatros, cada uno de ellos con una complicación versátil.

Desafiar la lógica de los hechos —sin presupuestos, sin elecciones— provoca trastornos en la percepción de la realidad, pero la lógica y el sentido común convienen en que el Gobierno se verá obligado —sin decretos multiusos— a tocar impuestos y recortar gastos.

Aunque ya se ha comprometido a no reducir un céntimo, puede llegar a ser obligada la reducción de administraciones y ministerios, el número de políticos y liberados sindicales; la eliminación de asesores y subvenciones a partidos, sindicatos y patronales y la privatización de las empresas del Estado que den pérdidas. Si llega el caso, sería menester hacerlo con mucho tino.

Aunque cueste entrar a jugar la partida del aumento del gasto militar y del cómo se va a gastar; el jefe del Gobierno ya ha destacado la preeminencia de la "seguridad" (tecnología frente a los ciberataques) por delante de la "defensa" (drones, cohetes).

Con ello, se amplían las partidas de gasto susceptibles de ser incluidas como gasto defensivo (sueldos de la Guardia Civil); sin dar detalles, para que nadie se piense que marqueses y jinetes de exhibición trabajan en el taller de la industria.

Normalizando lo anormal, al excluir la tercera fuerza parlamentaria y despachar a los representantes de los ciudadanos en rondas de media hora; el líder de la oposición, que no se había reunido en un año con el jefe del Gobierno, fue premiado con un cuarto de hora más que los demás.

Esta consideración no le impidió esclarecer su impresión, la de que el anfitrión, abusando de una deliberada vaguedad, ni quiere ni puede explicitar sus planes y adeudos en el Congreso, malogrando así una buena oportunidad para poner en valor otro teatro complicado, el Parlamento.

En determinados casos, la Ley Orgánica de Seguridad Nacional (artículo 4.2) obliga al Ejecutivo a pedir autorización a las Cortes: "Al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta Ley"

Sin trapisondas ni ejercicios de prestidigitación; pero tampoco negándole esa habilidad innata para comunicar y, en esta ocasión, “hacerse un Tarradellas” , argucia para evitar el choque con el líder de la oposición.

Con zapatos diminutos en un barrizal de fango, el aspirante a la silla curul tenía la oportunidad de cantarle las cuarenta al zalamero; que ha mostrado un desprecio existencial a la derecha, en todos sus matices, al tiempo que consentía a socios y aliados un servilismo evidente; lanzándole un crochet: “Si quiere pacto de Estado, elecciones”.