La inhabilitación de Marine Le Pen

La condena de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación ha perturbado aún más la política de un país como Francia, sumido en la inestabilidad desde las últimas elecciones. No ha sido tanto la pena de cárcel -de la que solo deberá cumplir dos años, en libertad vigilada- la que ha provocado un terremoto, pues esta era esperada por la mayoría de los observadores, sino la inhabilitación.

Efectivamente, al ser de cumplimiento inmediato hace muy difícil que Le Pen pueda ser la candidata de la Agrupación Nacional, la formación que lidera y a la que los sondeos atribuyen entre 34% y 37% de los votos en las elecciones presidenciales previstas para el 2027. Todos los observadores daban por descontada la condena por desvío de fondos públicos europeos, a través de una trama que inició su padre, Jean-Marie Le Pen, y que ella siguió utilizando.

Sin embargo, tanto ella como buena parte de la opinión pública pensaban que el tribunal no iba a descabalgarla de manera casi definitiva de la carrera a la presidencia. Una decisión que ha azuzado el debate sobre las implicaciones políticas que pueden tener las resoluciones judiciales.

Aunque, en teoría, cabe que la apelación se resuelva antes de las presidenciales, todo indica que Le Pen no podrá presentarse y que el candidato por la Agrupación Nacional deberá ser el joven líder emergente del partido, Jordan Bardella. No parece que ello vaya a impedir que llegue en primer lugar, teniendo en cuenta la desorientación y las divisiones que afectan a las demás fuerzas políticas, pero el cambio puede contribuir a que la extrema derecha no resulte vencedora en la segunda vuelta.

Le Pen, que ha cosechado los apoyos de los principales líderes ultras, desde Elon Musk y Viktor Orbán hasta Vladímir Putin y Santiago Abascal, ha acusado la justicia de estar al servicio del «sistema», llegando a calificar la condena de «bomba nuclear».

Presentándose como víctima, pretende sin duda provocar la solidaridad de una parte de la opinión pública en beneficio de sus intereses o, en última instancia, de las opciones de Bardella a la presidencia. Más allá de estos objetivos inmediatos, ha emprendido una cruzada contra el sistema judicial acusándolo de lawfare, como ha ocurrido en otros países -también en España- y singularmente en Estados Unidos, donde Donald Trump considera que los jueces constituyen un obstáculo al desempeño del mandato que le han atribuido las urnas.

En tiempos de turbación y polarización de la vida política como los actuales, la tentación de cercenar el poder de la justicia, cuestionando el necesario equilibrio entre los tres poderes del Estado, es manifiesta. Frente a este intento, no cabe otra actitud que el respeto a las decisiones judiciales. Muchos franceses pueden disentir de la decisión del tribunal que ha inhabilitado a Marine Le Pen. Pueden pensarlo incluso líderes de la izquierda, como Jean-Luc Mélenchon, que temen un efecto bumerán a favor de ella, pero las decisiones judiciales están para ser acatadas. Aquí, en Francia, y en Estados Unidos, donde el mismo Tribunal Supremo ha criticado la tentación de supeditar el poder judicial a las decisiones de la presidencia.

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