¿Más universidades privadas?

En un par de años el número de universidades privadas superará al de públicas en nuestro país. Hay 50 campus públicos y las administraciones no han abierto ninguno desde la Politécnica de Cartagena (1998). Mientras, se han reconocido cerca de otras 50 privadas y están en espera más de una docena. Las hay de todo tipo, desde unas pocas privadas históricas con prestigio acumulado a otras muchas nuevas que parecen academias expendedoras de títulos: las «clásicas» están bien posicionadas en cualquier ranking internacional; las otras, ni aparecen. Las hay que se centran solo en unas pocas ramas del conocimiento, con lo que garantizan cierto rigor académico, y otras que ofertan de casi de todo, siempre que sea «rentable» y preferentemente no presencial.

Dos motivos explican este variopinto paisaje, cada vez más parecido al de algunos países latinoamericanos. Por un lado, el interés manifiesto de entidades y fondos de inversión que han visto en la enseñanza universitaria una fácil y rentable oportunidad de negocio a corto y medio plazo, pues unos estudios universitarios «amarran» al estudiante (cliente) durante unos cuantos años. Por otro, una normativa universitaria muy «suelta» que permite poner en funcionamiento proyectos empresariales con el sello «universitario» sin contrastadas garantías de calidad.

La multiplicación de universidades privadas viene desde la LOU (Ley Orgánica de Universidades. LO 6/2001). Respetando el principio constitucional de libertad de creación de centros docentes (CE, art. 27.6), una universidad privada solo necesita reunir una serie de requisitos básicos para ser reconocida como tal por ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial vaya a establecerse. Ese protocolo es el que se ha mantenido hasta hoy.

El vigente decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades (RD 640/2021) añade únicamente un informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano colegiado formado por los responsables autonómicos de educación universitaria. Eso sí, el informe (favorable o desfavorable) debe tener en cuenta una serie de condiciones y requisitos, establecidos en esa misma norma, que debería cumplir cada proyecto de nueva universidad en relación con su actividad docente, su actividad investigadora y de transferencia de conocimiento, su personal docente e investigador y la disponibilidad y características de las instalaciones y equipamientos.

Ahí están las dos claves fundamentales del surgimiento de ciertas privadas («chiringuitos», decía el exministro Joan Subirats) que dudosamente tienen carácter de «universidad».

Primero, en las condiciones y requisitos de entrada, que habría que ajustar mucho más y, sobre todo, establecer rigurosos mecanismos de valoración (Agencias de Evaluación de la Calidad EQAR) que realmente se cumplan. La LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario. LO 2/2023) anuncia que «el Gobierno determinará las condiciones y requisitos básicos para la creación de universidades públicas y reconocimiento de universidades privadas, así como para el desarrollo de sus actividades» (art. 4.2). Pero todo sigue como en el decreto anterior a la propia LOSU, a pesar de que viene reclamándose su actualización desde varias instancias universitarias.

La moratoria de cinco años para cumplir los requisitos se ha convertido en la «puerta falsa» por donde entran privadas sin instalaciones adecuadas, sin profesorado cualificado y, por supuesto, sin doctorados y proyectos de investigación. Es de esperar que pronto se cambie ese decreto para endurecer los requisitos de entrada.

Segundo, en el carácter «no vinculante» del preceptivo informe. En los últimos cinco años se han reconocido una docena de privadas con informe técnico desfavorable. Al depender del parlamento autonómico, y consecuentemente de la mayoría que sustenta al gobierno regional, el reconocimiento y posterior puesta en funcionamiento de una universidad privada está más condicionado por cuestiones políticas que por valoraciones técnicas de garantía de calidad en cuanto a oferta docente y a investigación, pilares sobre los que se sustenta toda universidad (Ortega y Gasset. Misión de la Universidad. 1930). En este punto conviene dejar muy claro que el sistema universitario es una estrategia de país, por lo que deberían tener un peso decisivo los informes de carácter estatal, evitando así burbujas especulativas amparadas por gobiernos regionales.

Abrir más universidades no es positivo para el sistema universitario español. Se multiplican grados y másteres (los más rentables) hasta desvirtuar su contenido para confundirlos (intencionadamente) con ciclos superiores de FP. Se distorsiona el mapa, con concentración de privadas en unas pocas ciudades de alta renta, lo que «anima» a ciertos ayuntamientos a pretender tener también «su» universidad sin contar en la zona con sustrato estudiantil de secundaria. Se está configurando una universidad clasista, ya que estudiar en la privada cuesta ocho o diez veces más que en la pública. Se está abriendo una apreciable brecha (todavía soterrada) entre las privadas de prestigio y «las otras» de reciente aparición. Mientras, se está asfixiando económicamente a las universidades públicas en algunas comunidades autónomas. Y lo más preocupante, con todo esto se está minando de forma importante la credibilidad (nacional e internacional) de nuestro sistema universitario.