Unos ataques deleznables

La ministra de Educación y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha denunciado la campaña de acoso que está sufriendo en las redes sociales a raíz de las explicaciones que dio la semana pasada tras publicarse una información sobre una supuesta fiesta organizada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador Nacional de Teruel en septiembre del año 2020, cuando ella era la delegada del Gobierno en la comunidad. Este episodio revela en grado extremo tres fenómenos de la política actual que son determinantes del clima de polarización que vivimos.

En primer lugar, tenemos la impunidad de quienes utilizan las redes sociales para insultar a los adversarios políticos sin que estas plataformas activen ningún mecanismo de control hacia lo que publican usuarios anónimos, que no son en ningún caso ciudadanos utilizando su legítimo derecho a la libertad de expresión sino adversarios partidistas que hacen de la vejación una forma de desgaste político. Mientras la legislación no equipare la responsabilidad editorial de los propietarios de las plataformas con la que tienen el resto de editores, este tipo de prácticas como las que sufre ahora la ministra Alegría permanecerán impunes.

En segundo lugar, estamos ante un nuevo episodio de utilización partidista de este tipo de fango informativo y judicial. PP y PSOE, PSOE y PP caen demasiado a menudo en la trampa de sus respectivos socios populistas a diestra y siniestra. Ahora, con Pilar Alegría, desde el PP se flirtea con estas insinuaciones, pero en otras ocasiones ha sido el PSOE quien se ha movido en esa misma ambigüedad. Visto el rédito que obtienen otros, es lógico que tengan este tipo de tentaciones, pero los partidos centrales del sistema político, sobre los que recae alternativamente la responsabilidad de gobernar, deberían encontrar otros caminos de dar respuesta a este reto.

Finalmente, en este ataque deleznable contra la ministra Alegría hay un componente machista, no solo por el tipo de insinuaciones que se difunden sino porque si la delegación del Gobierno hubiera estado en manos de un hombre en aquel momento, o el ministerio en manos de una mujer, el caso o el presunto caso no hubiera existido. Como ha dicho la ministra, lo que padece estos días es lo que padecen muchas mujeres de manera silenciada cotidianamente, pero en este caso el efecto se multiplica y se amplifica.

Este caso, y tantos otros, deberían hacernos reflexionar a todos. A los máximos dirigentes de las formaciones políticas, y a su pléyade de asesores, en torno a si la estrategia permanente de polarización no acaba causando un daño irreparable a la convivencia a cambio de unas décimas de respiro en las encuestas. Lo que se dicen cada miércoles en la tribuna del Congreso acaba siendo una coartada más para la impunidad de esos troles anónimos que ahora acosan a Pilar Alegría y pasado mañana a cualquier dirigente del PP.

Pero también a los investigadores judiciales y a la Fiscalía, que proporcionan la pólvora con la que se cargan este tipo de campañas difamatorias que nunca quedan compensadas cuando la justicia las acaba descartando, sin que merezcan ni un mísero tuit de quienes enarbolaron un borrador de informe judicial para lanzar un titular, una pregunta parlamentaria o una campaña de anónimos en las redes sociales. El entorno digital está por regular, pero las prácticas que se realizan están demasiado a menudo amparadas por instituciones presuntamente respetables.

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