Universidades y chiringuitos

Todo el revuelo montado por el PP a propósito de las universidades privadas es como las tormentas del desierto, un huracán de arena que nos impide pensar con claridad. El gobierno de Azcón clama –otra vez– contra el presidente Sánchez y critica duramente el nuevo decreto de universidades «porque frena la prosperidad de Aragón» y «ataca la soberanía de la Comunidad». Es inevitable la inquietud. ¿De verdad están en juego la prosperidad y la soberanía de Aragón? ¿Tanto poder tiene un Real Decreto? Pero para disipar la tormenta la clave está en las preguntas previas. Empezando por ¿qué es una universidad?

Para la Ley Orgánica del Sistema Universitario y para el mundo académico internacional, Universidad es una institución –pública o privada– que desarrolla tres funciones esenciales: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Para ello, debe ofertar títulos en todos los niveles de educación superior (de Grado, Máster Universitario y Doctorado) y en la mayoría de las ramas de conocimiento.

Piensen en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad San Jorge. Una es pública, la otra es privada, pero las dos son universidades.

Por contraste, una «universidad chiringuito» es una empresa que ofrece exclusivamente aquello que le es rentable: significativamente, los másteres online, algunos grados de alta demanda o los estudiantes con bajas notas pero altísimo poder adquisitivo. En esas empresas la prioridad no es el conocimiento sino el negocio.

La creación de universidades (públicas y privadas) hace años que está regulada bajo parámetros de estricta calidad. Pero la normativa vigente tenía un flanco débil: el informe del Consejo General de Política Universitaria, que es quien se encarga de comprobar que los nuevos proyectos cumplen con los requisitos fijados por la ley, es preceptivo, pero no es vinculante. Esa vía se aprovechó por algunas autonomías, particularmente el Madrid de Ayuso y la Andalucía de Moreno Bonilla, para autorizar nuevas universidades privadas con informe negativo. En pocos años el mercado se ha inundado con ofertas universitarias privadas de dudosa calidad.

Ante el clamor generalizado en el mundo académico, el Gobierno propone un nuevo decreto, que se aplica tanto a las universidades privadas como a las públicas y que ha sido trabajado con ellas. La principal novedad es, precisamente, que los informes que emitan las agencias de calidad universitaria sobre las Universidades sí serán vinculantes. Es decir, las Comunidades Autónomas no podrán autorizar universidades que no cumplan la ley. El resto de los requisitos que se endurecen no son, en realidad, graves obstáculos si verdaderamente lo que se crea es una Universidad, ya sea pública o privada.

Tanto la legislación vigente como el decreto propuesto son, en realidad, normas que protegen. Se protege a las familias, que hacemos un esfuerzo importante en enviar a nuestros hijos e hijas a la universidad y confiamos en que la formación que reciban sea de calidad. Se protege al estudiantado, que dedica años y esfuerzo a obtener un título. Se protege a la ciudadanía, porque las y los estudiantes de hoy, mañana serán nuestros médicos, maestros o psicólogos y a quienes no vamos a preguntarles en qué universidad obtuvieron su título. La normativa, en definitiva, salvaguarda a la comunidad universitaria y al sistema de ciencia español. Ese sistema de ciencia que nos salvó la vida en la pandemia y que está generando el mayor cambio del sistema productivo español de nuestra historia.

Surgen, entonces, nuevas preguntas. ¿Qué intereses defiende un gobierno autonómico cuando autoriza la creación de una universidad de la que las agencias de calidad dicen que no reúne los requisitos mínimos? ¿Qué interés tendría el gobierno de Azcón en autorizar centros que no cumplen la ley? ¿Está en riesgo la prosperidad de Aragón?, ¿o lo que peligra es la prosperidad de negocios particulares?

El gobierno de Aragón debería defender, por encima de todo, la calidad del sistema universitario aragonés. La calidad de este sistema está directamente relacionada con el dinero que se le dedica a la universidad pública, la UNIZAR, que es la de todos y que depende directamente de los fondos que le traspasa el gobierno autonómico. Invertir en la universidad pública es invertir en el presente y en el futuro de Aragón. Sin ese dinero, no hay inversión en carreras docentes estables, en investigación, en instalaciones o en becas. Si esa no es la prioridad, sólo encontraremos «chiringuitos privados» gestionado por algún fondo buitre interesado en hacer negocio con un bien tan preciado como la educación. No es ninguna broma. Es una cuestión de prioridades.

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