Una legislatura sin leyes

Tal vez la clave de una legislatura no esté tanto en hacer muchas leyes como en que las que se elaboren sean buenas. Más que la cantidad, lo importante es que las normas aprobadas sean las que precisa el desarrollo democrático y social de un país y el bienestar de su ciudadanía. Pero entre que se aprueben muchas normas legislativas o que no salga del Congreso de los Diputados prácticamente ninguna, va un abismo. El que separa los momentos recientes en que en España se alcanzaron récords legislativos, que se utilizaban para subrayar que los pactos de Gobierno iban viento en popa, de la actual sequía que marca, precisamente, que los acuerdos de investidura que llevaron a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno tienen escasa plasmación en la práctica política y parlamentaria del día a día. En el primer trimestre de 2025 solo se aprobó una ley, la de desperdicio alimentario, y se convalidaron cuatro reales decretos. No ha habido más normas porque el Ejecutivo ha evitado su tramitación parlamentaria dado que no tenía apoyos suficientes para aprobarlas.

El caso más anómalo es el de los presupuestos generales. El Gobierno ni siquiera ha enviado al Congreso el proyecto de las cuentas para 2025. Ni se aprobaron los presupuestos de 2024 ni se han presentado a debate los del año en curso y se sigue trabajando con la prórroga de los presupuestos de 2023. Si la de los presupuestos es la ley más importante que el Ejecutivo tiene que conseguir que el legislativo apruebe cada año y eso no ha ocurrido en los dos últimos, la debilidad gubernamental queda más que patente. Es cierto que no es imprescindible para el normal funcionamiento del Estado que se renueven las cuentas, pero es muy conveniente que se haga, más aún cuando las estructuras del comercio y la economía internacionales se tambalean como consecuencia de las decisiones de Donald Trump.

En las legislaturas anteriores, en las que Sánchez también dependía del apoyo de sus socios de Gobierno, el presidente tuvo una mayor capacidad de juego político porque el número de escaños del PSOE y sus aliados no era tan ajustado. Pero en la actual legislatura solo con que falle uno de los grupos, por pocos diputados que tenga, la suma no sale. La situación es más grave, si cabe, en un país en que Gobierno y PP han demostrado en demasiadas ocasiones su incapacidad para alcanzar acuerdos, ni siquiera cuando están en juego asuntos de Estado. De hecho, los populares buscan fortalecer su posición política al ver cómo juegan con la debilidad de Sánchez grupos que se supone que apoyan la continuidad del Ejecutivo. A esa puja, quien se han entregado con más ímpetu es Junts, pero también Podemos, que ha iniciado su propia batalla contra el Gobierno y sus antiguos compañeros de Sumar.

Nada hace pensar que Sánchez vaya a caer, no existe ahora una mayoría alternativa para ello, ni que vaya a adelantar las elecciones, los sondeos no le favorecen. Esa realidad, que no hay elecciones a la vista, y la necesidad de una mayor estabilidad política deberían llevar a los partidos, desde el PSOE al PP pasando por los minoritarios, a plantearse responsablemente qué lógica tiene rechazar medidas que garantizan el progreso y el bienestar de la ciudadanía por una lucha partidista muchas veces sin sentido.

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