La administración de la comunidad autónoma

En el comienzo del siglo veintiuno la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón gestionaba un presupuesto superior a los 1.800 millones de euros, de los que una tercera parte correspondía al gasto en educación, en virtud del entonces reciente traspaso por parte del Estado de las funciones y servicios de la enseñanza no universitaria. Veinticinco años más tarde, el gasto no financiero supera los 7.500 millones de euros, contando desde 2002 con la gestión de la asistencia sanitaria que hasta entonces había llevado a cabo el Insalud. Así pues, en ese periodo de un cuarto de siglo, el Gobierno de Aragón consolidó el ejercicio de sus competencias en todos los niveles educativos, y asumió otras nuevas en sanidad, políticas activas de empleo, atención a la dependencia y justicia. En otros términos: los servicios públicos que configuran el Estado de Bienestar son por completo potestad exclusiva de la Comunidad Autónoma, y cerca de las tres cuartas partes del gasto se destinan a esas finalidades sociales.

También el número de empleados públicos adscritos a la Comunidad Autónoma ha experimentado un aumento espectacular, acorde con el hecho de que los servicios de sanidad, educación o justicia son altamente intensivos en trabajo. De los 9.000 empleados que integraban la nómina autonómica de personal en 1999, se pasó a más de 23.000 con el traspaso de la enseñanza no universitaria, y en la actualidad se superan ya los 65.000 efectivos. Por cierto, con un predominio absoluto de mujeres: del total señalado, cerca de 48.000 son mujeres, y solo algo más de 17.000 son hombres. 

Si por el lado del gasto público, la transformación de la administración autonómica ha sido total en este primer cuarto de siglo, por el lado de los ingresos no son menores los cambios acaecidos. Dos reformas del sistema de financiación autonómica -las de 2001 y 2009- han permitido avances sustanciales en la autonomía financiera y en la capacidad normativa de la Comunidad Autónoma. Mientras las transferencias del Estado eran la parte principal de los ingresos públicos a finales del pasado siglo, en la actualidad, el 50% de la recaudación por IRPF y por IVA, y el 58% de la obtenida de los impuestos especiales (alcohol, tabaco, cerveza, hidrocarburos) en Aragón, se ceden a la Comunidad Autónoma. Con todo, el transcurso del tiempo ha puesto de relieve las insuficiencias y lagunas del sistema de financiación autonómica para atender los servicios públicos de un territorio extenso como Aragón, con una elevada dispersión de la población y unos costes de provisión superiores a los de regiones con mayor densidad demográfica.

Pero por encima de las cifras, de las comparaciones entre los datos de entonces y de ahora, hay un hecho sustancial que constituye el principal activo intangible del gobierno de la Comunidad Autónoma: su condición para liderar el presente y el futuro de Aragón desde las estructuras políticas del Estado de las Autonomías, para trazar y marcar los objetivos de prosperidad económica y bienestar social, y para diseñar y aplicar los medios para hacerlos posibles. Ejemplos abundantes ilustran los resultados que en estos veinticinco años ha dado de sí el ejercicio del autogobierno, en realizaciones que son un ejemplo en España en materias relacionadas con la industria de la automoción, el papel, la logística, la nieve, el turismo, la agroindustria, las energías renovables, la banca y, más recientemente, los centros de datos y las nuevas tecnologías. El carácter diferencial de la administración autonómica en Aragón se sustenta en su cercanía con empresas y ciudadanos, la preparación de sus funcionarios y la seriedad de sus gobernantes. En un Estado tan descentralizado como España, la competencia entre regiones -dígase o no- es un hecho que hay que asumir y gestionar, tanto en lo que se refiere a la captación de nuevas iniciativas empresariales, como en saber ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, y si es posible, en mejores condiciones que los demás. 

Nuevos retos entran de lleno en lo que debe ser la administración del futuro. Desde la necesidad de abordar una verdadera reforma del acceso a la función pública, de los sistemas de incentivos y de promoción de los empleados públicos, hasta la aplicación efectiva de la digitalización y la inteligencia artificial en todos los ámbitos de gestión. El sector público autonómico puede y debe alcanzar mayores niveles de eficiencia, no para reducir sus funciones y prestaciones, sino para reasignar los recursos hacia las nuevas necesidades que marcan el envejecimiento, la despoblación, el cambio climático y las oportunidades de empleo y vivienda para nuestros jóvenes.