La información se oculta y no pasa nada

La actualidad informativa no deja de tener un cierto componente distópico. Vísperas de Semana Santa, el gobierno que preside Pedro Sánchez, dio luz verde para la publicación de dos informes elaborados por el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), dependiente del Consejo de Europa, y del que España es estado miembro. Estos informes, no se publican hasta que el estado afectado da la autorización.

Es sorprendente que el primero de ellos se haya retrasado un año y 4 meses su autorización y el segundo 9 meses. Ambos informes exigen su publicación inmediata. La calidad democrática de un país se deteriora cuando un gobierno trata de ocultar todo aquello que no le favorece.

En el primer informe, en el que se evaluaba las recomendaciones para prevenir la corrupción y promover la integridad del Gobierno central, debido a la deficiente implementación de sus recomendaciones, el GRECO, aplicó a España un procedimiento de incumplimiento (expediente) de la 5ª ronda de evaluación y será examinado de nuevo el correspondiente informe de seguimiento el próximo mes de junio.

Las recomendaciones que realizaron a nuestro país fueron en 2019 y ha transcurrido tiempo más que suficiente para haberlas implantado. Alguien, puede pensar, si con los mecanismos de control, denuncia y transparencia que dichas recomendaciones exigen, el caso Ábalos, por ejemplo, hubiese sido posible.

El segundo informe, en el que se evaluaba la aplicación de las recomendaciones formuladas a España para prevenir la corrupción en relación con los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales, hay una recomendación sin implementar y tres parcialmente.

El GRECO recomendó, entre otras, reconsiderar el método de selección y el período de mandato del Fiscal General y establecer requisitos y procedimientos claros en la ley. Se instó a proceder con la reforma más amplia del estatuto del Fiscal General.

También, alguien puede pensar, si le han comunicado al GRECO, oficialmente, que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra investigado por el Tribunal Supremo y ha nombrado nuevo fiscal de Sala, coordinador de delitos contra la Administración Pública a Emilio Jesús Sánchez Ulled. Fiscal que actuará en caso de apertura de juicio oral contra García Ortiz. Algo inadmisible.

En suma, no es propio de un gobierno de izquierdas tratar de diluir la publicación de unos informes, especialmente negativos para su gestión, durante la Semana Santa. Tampoco es propio de un gobierno socialdemócrata poner impedimentos a la lucha contra la corrupción, ¿o sí?

Suscríbete para seguir leyendo