Desunión e incógnitas

El 29 de octubre de 2024 será recordado como uno de los días más trágicos de la Comunidad Valenciana, donde una dana provocó unas lluvias torrenciales históricas que acabaron desbordando ríos, barrancos, cauces y ramblas con el triste balance de 228 muertes, miles de viviendas arrasadas, casi un centenar de poblaciones inundadas, empresas y negocios arruinados e infraestructuras devastadas. Seis meses después queda mucho por hacer, tanto en la atención a los damnificados como en la reconstrucción de obras menores y de envergadura aún pendientes.

Las cuatro administraciones movilizadas, estatal, autonómica, provincial y local, ya han destinado casi 6.000 millones de euros, la mayoría a la urgente reparación de las infraestructuras básicas, aunque sin la previsión para adaptar esos trabajos a las futuras variables climáticas para reducir riesgos y proteger a la población. Las ayudas a los más de 300.000 damnificados de la zona cero siguen ralentizadas y el ritmo de 375 solicitudes diarias de los vecinos de la zona seis meses después es injustificable. Las empresas afectadas en los polígonos industriales siguen con la incertidumbre de la valoración final para el pago final del consorcio de seguros, aunque la mayoría han optado por permanecer en la zona y han recuperado la actividad, en espera aún de las urgentes obras del alcantarillado y de algunas depuradoras.

Entremedio de esta lenta recuperación atestada de cifras y burocracia administrativa, la magistrada decana de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dirige desde enero toda la instrucción que investiga las 228 muertes de la dana, ha tomado declaración a muchos familiares de los fallecidos y a supervivientes de la tragedia que acreditan las despedidas telefónicas en directo, o con las víctimas desapareciendo en el torrente de agua fangoso con imágenes, vídeos y audios incorporados a la causa. De hecho, son las familias las que han aportado una de las claves de la investigación, el tardío mensaje de alerta, a las 20:11 horas, y su errado contenido, ya que muchas de las víctimas murieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje o en la vía pública. El auto de la jueza del 17 de febrero apunta una de las frases demoledoras de la investigación: «En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí».

La investigación judicial de la gran riada ha dejado claro que toda la gestión de la emergencia es una competencia autonómica, con la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, además del rechazo a la citación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su condición de aforado, «sin perjuicio de que el mismo pudiera solicitarlo». Mazón, que declinó de inmediato la incitación de la magistrada, sigue sin aclarar 180 días después dónde estaba en las horas claves de aquella tarde del 29 de octubre, hasta su llegada al Cecopi minutos después de la alerta masiva a la población. Un desacierto que lastra su iniciativa política para la reconstrucción y la de todo su Consell, más pendiente de los autos de la jueza que de la necesaria acción de gobierno. Solo la estudiada defensa judicial del president justifica seis meses después esa ausencia de transparencia institucional.

Una instrucción judicial que marca la agenda de la Comunidad Valenciana, con el continuo desgaste institucional de su president y la persistente polarización de la vida política, que este lunes acoge la séptima protesta ciudadana contra la gestión del Consell y el martes la cumbre del Partido Popular Europeo en Valencia, que el PP intentó, sin éxito, cambiarla a Madrid para evitar el desgaste que la gestión de Mazón también provoca en el propio líder popular, Alberto Núñez Feijóo.