La opa agota los plazos

El pasado viernes finalizó el atípico periodo de consultas establecido por el Ministerio de Economía sobre la opa que BBVA presentó hace un año al Banco Sabadell. Esta consulta, abierta pero no pública, llega después del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no encontró motivos para rechazar la operación, pero exigió mayores compromisos al futuro comprador en materia de crédito a las pymes, uno de los colectivos más directamente afectados por la operación. El ministro Cuerpo ya aclaró que la consulta no se centraba en la cuestión de la competencia, dirimida por unanimidad en la CNMC, sino en el interés general. El ejercicio que hicimos en EL PERIÓDICO de reproducir esa consulta nos dio alguna pista de lo que puede tener ahora entre sus manos el ministerio: no aparecen argumentos nuevos contra la opa en base al interés general y los que se pronuncian son fundamentalmente los que se oponen, a menudo por razones muy distintas tanto a la defensa de la competencia como al interés general. Con este resultado, el ministerio no debería prolongar, ni incluso agotar, el plazo de diez días que tienen para decidir si eleva el expediente al Consejo de Ministros con la finalidad de alterar la condiciones de la oferta. Si no lo eleva, la decisión quedará en manos de los accionistas del Sabadell y, en caso contrario, abrirá un nuevo periodo de otro mes. Incluso los más férreos defensores de que los procesos sean garantistas estarán de acuerdo en que el paso del tiempo no va a proporcionar nuevos argumentos frente al dilema del Gobierno. 

En la balanza del ministerio pesan muchas cosas. Por un lado, está la imagen de España en las instituciones europeas y ante los mercados internacionales. A priori, no tiene sentido contradecir a un organismo independiente como la CNMC en una decisión tomada de manera unánime. En el otro fiel está el malestar entre los empresarios, especialmente las pymes, y en algunos territorios, especialmente Cataluña, por las consecuencias de la fusión en ámbitos distintos a los de la competencia como es el de la cohesión y el equilibrio de poderes entre los territorios. Las dudas del ministerio pueden ser razonables, pero no las arregla el paso del tiempo. Y posiblemente ese tipo de consecuencias en poco o en nada tienen su origen en la opa, sino de decisiones anteriores , tanto de los reguladores financieros como de las propias entidades bancarias. Las concentraciones empresariales tienen externalidades negativas más allá de la libre competencia, en términos de diversidad y de riqueza social y económica. Pero nunca hasta ahora nadie había puesto sobre la mesa intervenir en este sentido. Ni nunca hasta ahora, los mismos afectados habían aludido a ese impacto en otras operaciones que también lo han tenido.

Compradores y vendedores en esta opa de BBVA sobre el Sabadell coinciden en que no es conveniente alargar más los plazos. El Gobierno debería ser consciente de ello vista también la poca acogida que ha tenido el globo sonda lanzado hace una semana en el sentido de propiciar una opa alternativa por parte del Sabadell. El dilema es real y la responsabilidad política consiste en darle respuesta sin esperar que el tiempo pudra la opa ni que la resolución ponga en entredicho el prestigio de España o menosprecie la necesidad de defender el interés general en forma de cohesión territorial si resultare dañado.