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Opinión | EDITORIAL

Ecuador en las comunidades y municipios

Se cumplen esta semana dos años desde las elecciones autonómicas -en las comunidades de régimen común- y municipales del 28 de mayo de 2023. El PP arrasó en aquellas convocatorias, una clara señal de descomposición del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Este reaccionó anticipando los comicios legislativos españoles, en un movimiento muy arriesgado que cogió a los populares a contrapié. Pedro Sánchez fue derrotado por Alberto Núñez Feijóo en las urnas, pero los socialistas y Sumar pudieron formar gobierno con el apoyo de una heterogénea coalición de izquierdas junto con el centroderecha de Cataluña y del País Vasco. Desde entonces, la política española se ha visto intensamente condicionada por la inestabilidad e ineficacia legislativa de esa mayoría de investidura que no está de acuerdo en casi nada más que en que Sánchez siga en el poder para así conseguir sus contrapartidas que en demasiadas ocasiones acaban por desactivarse mutuamente. Esa debilidad, sumada a los problemas judiciales del entorno político y familiar de Sánchez, de naturaleza y gravedad muy diversa, ha espoleado al PP a lanzarse al acoso y derribo del presidente con algunos episodios de precipitación.

En las elecciones de mayo de 2023, el PP consiguió, amén de imponerse en multitud de ayuntamientos, la mayoría absoluta en tres autonomías: Andalucía, Madrid y Galicia. En el resto de las comunidades autónomas, entre ellas la de Aragón, donde los conservadores lograron ganar o donde el PSOE no tuvo mayoría alternativa pese a hacerlo, aceptaron el apoyo de los de Santiago Abascal, con más o menos entusiasmo y, en algunos casos, como el de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, con cierta precipitación. Transcurrido un año, Vox optó, amedrentado por la demoscopia, por abandonar los ejecutivos autonómicos donde gobernaba junto con el PP.

Desde entonces, el PP ha vivido en autonomías y ayuntamientos lo mismo que el PSOE en el Congreso, la necesidad de pactar uno a uno todos los temas con unos socios radicalizados y estancados electoralmente y con unos cuadros locales y autonómicos sin experiencia ni cultura política. Las relaciones entre ambas formaciones se han tensado de forma palpable, hasta el extremo de que solamente en la Comunidad Valenciana se ha alcanzado hasta ahora un pacto sobre presupuestos. Justamente, el presidente de esta autonomía, Carlos Mazón, se ha convertido en un pesado lastre para el PP tras su pésima gestión de la dana. Por su parte, Sánchez ha intentado conseguir una mayor homogeneidad entre sus barones autonómicos y ha situado a tres de sus ministros (Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López) como líderes de las federaciones socialistas de Aragón, Andalucía y Madrid. Con ellos, cinco miembros del Gobierno son al mismo tiempo barones territoriales. Pese a ello, la estrategia no parece dar buenos resultados.

Estos dos años de legislatura -municipal, autonómica y española- han puesto en evidencia que la incapacidad del PP y del PSOE de ni tan solo hacer ver que se podrían entender aquí como lo hacen en Bruselas deja la gobernanza de este país en manos de formaciones populistas que tratan de legitimarse condicionando los gobiernos que apoyan con medidas tan estrambóticas como ineficientes.

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