Una vivienda ¿asequible?

En estos días que tanto se va a hablar de la constitucionalidad de lo inconstitucional, conviene recordar otros deberes a los poderes públicos, me refiero al artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho a disfrutar a una vivienda digna. Los poderes públicos están obligados a promover las condiciones necesarias y normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, pero, en este aspecto la dejación de funciones de dichos poderes provoca estupor.

El informe anual del Banco de España de 2024 señala un déficit de 450.000 nuevas viviendas. Asimismo, el precio de la vivienda, según el portal idealista.com, se ha incrementado un 47,31% desde junio de 2018, fecha en la que fue investido el actual presidente del Gobierno por primera vez. El compromiso que Pedro Sánchez asumió en el Senado el 25 de abril de 2023 para construir 183.000 inmuebles para alquiler y protección oficial se está incumpliendo ¿debería sorprendernos? Además, la política y legislación del Gobierno en materia de vivienda no funciona, a la vista de los datos anteriormente expuestos.

La industria de la construcción tiene serias dificultades para poner en el mercado más de 100.000 viviendas al año. Ante el déficit de nuevas viviendas señalado por el Banco de España, no nos debe sorprender que los precios estén disparados y lo que es peor, inasumibles para la gran mayoría de los trabajadores. En el informe Stock de capital en viviendas en España y su distribución territorial (1990-2007) de la Fundación BBVA, se señala que en 1998 era necesario utilizar el salario medio neto de cinco años para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados, en el 2007 eran ya necesarios 12 años. Actualmente, existen informes de este tipo, pero comparan el salario medio bruto en vez del neto, algo que induce a error en la percepción de la renta disponible del trabajador.

En otro informe, el Sectorial Inmobiliario, de CaixaBank Research, del segundo semestre de 2024, como dato curioso, revela que durante la década de los 80 del siglo pasado, se construyeron una media de 120.000 viviendas protegidas al año. Actualmente, apenas se han sobrepasado las 10.000 viviendas protegidas al año, durante esta última década. 

La mayor parte de ese déficit de viviendas debe cubrirse con vivienda protegida ya que la nueva demanda tiene una renta muy limitada y nos podemos encontrar con la paradoja que trasladó Luca de Meo, consejero delegado de Renault, el 11 de mayo en este mismo medio: se ha llegado a ser tan competitivos «al precio de que no hay ni uno de mis obreros que se pueda comprar un coche nuevo». 

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