Respeto

Es sorprendente cómo debe guardarse silencio y aquiescencia ante todas las resoluciones judiciales, y al mismo tiempo a los otros dos poderes del Estado se les pueda atizar sin piedad. El respeto institucional en un Estado de derecho es un principio fundamental que garantiza la estabilidad democrática, la legalidad y la protección de nuestros derechos. Pero no sirve con tenerlo para una parte de nuestro sistema político y para otra no.

El Parlamento es la representación máxima de nuestra decisión colectiva en unas elecciones, sustenta el principio democrático en el que se mantiene toda nuestra estructura, quien elige gobierno y lo destituye si obtiene la mayoría, quien nombra a los miembros del CGPJ, ese que estuvo bloqueado de cinco años y medio, sin que los que ahora claman por el respeto judicial hicieran el más mínimo movimiento para superar ese incumplimiento grave de la Constitución.

Las últimas sesiones de control al gobierno, como la que vimos ayer, no ayudan a frenar la desafección a la política, se han convertido en una cacería de la oposición al presidente del Gobierno, y a parte de sus miembros como medio para llegar a él, mientras que las respuestas son evasivas o de lo suyo qué hay. La situación es asfixiante, como el clima, el fin de curso, y la volatilidad de las denuncias organizadas de los escándalos que duran 24 ó 48 horas. Hemos llegado a este punto en que, si todo es escandaloso, nada lo es, si todo es mafia, la de verdad se diluye, si todo es insulto nada es antidemocrático.

Hay una carrera acelerada en los últimos meses en el que hemos pasado de calificar al gobierno como ilegítimo a mafioso, gobierno basura según el ex diputado de UPN, Sergio Sayas, que debe creer hacer puntos de cara al congreso nacional de su actual partido. Las reglas son las reglas para todos, la Constitución establece el mecanismo para derribar un gobierno, como recordaba Yolanda Díaz ayer, y se llama moción de censura.

Las manifestaciones legales son igual de loables, y forman parte de nuestro derecho a la participación, pero si no es a través de una moción de censura ganadora, solo el presidente del gobierno decide el anticipo de las elecciones.

El marco legal establecido y el respeto de las reglas del juego democrático opera para todos, incluido aceptar y cumplir las sentencias, lo que no implica estar siempre de acuerdo y dejar de mostrar el desacuerdo o el asombro. Tampoco implica pecar de inocencia, cuando hemos sabido a lo largo de estos años la importancia de controlar la sala segunda del Tribunal Supremo, o la necesidad de algún político de aforarse rápidamente.