Imposible aguantar hasta 2027

La última encuesta del centro de estudios Gesop para Prensa Ibérica señala que el 62,5% de los españoles estaría a favor de adelantar las elecciones generales. Una cifra que probablemente se quede corta después del impacto de las informaciones sobre la presunta red de cobro de comisiones ilegales gestionada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García: el trabajo de campo, entre el 10 y el 12 de junio, empezó con el anuncio del inminente procesamiento del fiscal general del Estado sobre la mesa y aún reciente la manifestación convocada por el PP en Madrid, pero solo la mitad de las entrevistas con los encuestados llegaron a realizarse tras conocer las grabaciones que dejaban en evidencia a los dos últimos secretarios de organización del partido socialista. Y entre los encuestados preguntados en esta última fase del sondeo, eran ya el 68% quienes reclamaban acudir a las urnas. Incluyendo a cuatro de cada diez de los votantes socialistas.

Lo que no llega a captar el sondeo es la valoración, por parte de los votantes, de la lectura que ha hecho de esta grave situación el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Un encastillamiento ante lo que percibe como agresiones personales que dejó traslucir en un momento revelador de su comparecencia tras la ejecutiva de su partido, cuando trató de justificar su credulidad ante las explicaciones de sus colaboradores más estrechos relacionándolo con otros casos que le afectan aún más personalmente. 

Las decisiones de Sánchez en estos últimos días, con su insistencia en agotar la legislatura hasta 2027 a pesar de la fragilidad creciente de su mayoría parlamentaria, no pueden estar más distantes del estado de ánimo apuntado en la encuesta de Gesop. Si hace ya un año Sánchez respondió a los primeros tropiezos en el ámbito judicial respondiendo a lo que denominó «la máquina del fango» con un evanescente plan de «regeneración democrática», ahora considera que está en condiciones de liderar la regeneración de su partido, mientras se mantiene en la Moncloa durante dos años más, después de que algunas de esas sospechas han demostrado ser más sólidas de lo que él se empeñó hasta el último día.

El razonamiento que lleva a Sánchez a descartar cualquier desvío en su hoja de ruta hasta 2027, sea cuestión de confianza o dimisión seguida de relevo o convocatoria electoral, tiene no obstante poco de ejercicio modélico de depuración democrática. Su voluntad de mantener la mayoría de la investidura bajo la premisa con que se construyó, sumar voluntades con el único punto común de evitar un Gobierno del PP y Vox, es fiel al sentido del resultado de las elecciones de 2023. Pero cuando rechaza de plano acudir a las urnas porque eso significaría entregar el Gobierno a PP y Vox de forma «irresponsable», Sánchez se sitúa en una posición de dudoso respeto a la voluntad popular, una vez reconoce la inexistencia de una mayoría social que pueda sostener a su gobierno. Eso es, por cierto, lo que indica también el sondeo de Gesop, que dibuja un escenario en que la única mayoría absoluta viable es la de PP y Vox, pero también muestra posibilidades de actuar de forma responsable para evitar un Ejecutivo condicionado por la extrema derecha. La única que parece beneficiarse de que, en lugar de asumir responsabilidades, sigamos en el intercambio de acusaciones cruzadas que no hace más que alimentar el cliché populista del «todos son iguales».

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