Una autoamnistía ¿corrupta?

La semana que viene, del 24 al 26 inclusive, el plenario del Tribunal Constitucional debatirá si avala la Ley de «autoamnistía» -así la considera la Comisión Europea en el asunto C-523/24 en referencia a unas cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas- y añade que es contraria en ese aspecto al Derecho de la UE. Conde Pumpido y el ala «progresista» tienen un complejo papel a la hora de defender la constitucionalidad de lo inconstitucional.

En primer lugar, se privó de su derecho a defenderse al magistrado Macías Castaño, miembro del TC, de su recusación a propuesta del Fiscal General del Estado -en aquel momento imputado en el TS y continúa estándolo- y de su derecho a pronunciarse si aceptaba o no las causas de su recusación formuladas. Por si fuera poco, esa mayoría «progresista» ha renunciado a debatir sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE respecto al recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la legislación europea establece en su art. 267 del TFUE que cuando se plantee una cuestión prejudicial de un asunto ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al TJUE.

También sabemos que la Ley de Amnistía fue negociada por dos delincuentes, uno presunto, Santos Cerdán, y otro condenado y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont -recuerden las imágenes de TV-. Y, aunque las cuestiones antes mencionadas carezcan de importancia para estos señores -ellos están más por otro tipo de «cuestiones»-, la apariencia de legalidad que dio lugar en esas negociaciones, aunque fuesen refrendadas finalmente, a través de una ley, por una mayoría simple en el Congreso de los Diputados, no debe de ser contraria al Derecho de la Unión Europea, puesto que mantiene su primacía sobre el nuestro.

Por un lado, está el Tribunal Supremo, expectante, y que ya ha mandado una seria advertencia a través de dos autos este mismo año: «los miembros del Tribunal Constitucional no son inviolables en el ejercicio de sus funciones y deben atenerse jurídicamente a sus actos». Por otro el TJUE, la Comisión Europea y la Comisión de Venecia. En definitiva, los magistrados «sanchistas» del TC afrontan una semana de alto voltaje a la hora de decidir si apoyan o no la ponencia de Inmaculada Montalbán que respalda la constitucionalidad de la amnistía.

Mientras tanto, Pedro Sánchez, maquillado como un cadáver, pidiéndonos perdón por las barbaridades cometidas por Santos Cerdán. Valleinclaniano. 

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