Rearme, ¿a qué precio?

Resulta que la lamentable figura de Donald Trump reúne cada vez más seguidores, y no sólo en Estados Unidos. También en Europa se le admira y, lo que es peor, se lo obedece. Cuando solo era un empresario tenía admiradores, cierto, tiburones de los negocios -como él-, amigos de los deportes violentos y de las mujeres sumisas -como él-, pero la mayor parte de las opiniones sobre su persona/personaje eran críticas, irónicas o despectivas. En sus apariciones en los medios representaba una parodia, la de un arquetipo ya periclitado y anacrónico, un tipo bravucón, hortera, un nuevo rico que se dedicaba a despedir a la gente o a insultarles por ser pobres, comunistas, emigrantes o malos americanos.

Todo aquello y él mismo habría sido olvidado de no haberse presentado a las elecciones presidenciales, que ganó contra pronóstico a Hillary Clinton, abriendo un paréntesis en el historial democrático de su país y amenazando a partir de entonces a los demás con toda clase de bravatas (pero ahora con el ejército más poderoso del mundo a su lado). Igual que todos los dictadores, Trump basa su fuerza actual en su armamento militar. La capacidad de Estados Unidos de pulverizar a cualquier enemigo no sólo no se cuestiona, sino que vuelve a imponerse como precepto básico en todo aquel tratado internacional que requiera de un posicionamiento táctico en la geopolítica mundial.

Contra los respetuosos procedimientos de Obama o de Biden con respecto a sus aliados de la OTAN, Trump ha forzado la mano y se ha salido con la suya, ganando esa absurda partida del 5% del presupuesto que todos los países occidentales destinarán en billonadas al rearme de sus respectivos ejércitos, a las fuerzas internacionales de la OTAN y a la adquisición de nuevas armas, a ser posible norteamericanas.

La posición de España, forzada por Trump, compromete el sostenimiento de nuestro estado del bienestar. Por mucho que el presidente Sánchez sostenga que no se destinará más del 2% de nuestro presupuesto, el hecho de haber firmado un 5% implica la obligatoriedad del nuevo tratado. Una firma que no lleva la rúbrica del Parlamento español, que traerá muchos problemas y que, tal vez, aunque no era fácil, podría haberse evitado.

Suscríbete para seguir leyendo