Las conjuras políticas y Sijena

«La cultura no puede ser víctima de una guerra política ni de una interpretación ciega de la justicia. Barcelona no puede resignarse al traslado de las obras de Sijena. Tenemos la obligación, como país y como capital, de defender nuestro patrimonio cultural». Quien así se expresa es Jordi Coronas, concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, haciendo política, claro.

Lluís Llach, presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya, también la hace y más a lo grande: «La sentencia es un nuevo episodio de expolio cultural por parte del Estado español», una «masacre cultural» y un «ataque cultural que busca laminar la importancia histórica de la corona catalana (sic)».

Estos dos ejemplos ilustran claramente la visión que buena parte de Cataluña tiene con el conflicto de las pinturas del monasterio oscense de Sijena. Para muchos catalanes, todo es una conjura contra Cataluña, la muestra de una especie de catalanofobia agresiva y se viene a seguir el modelo de los partidos independentistas que gobernaban esa comunidad en 2017, cuando se recuperaron las obras de Sijena que estaban en el Museo de Lleida, durante el Gobierno de Lambán. Ahora gobierna el PSC de Illa, que ya ha dicho que se va a cumplir la sentencia, pero haciendo caso a lo que los profesionales expertos en conservación y restauración digan. Y es aquí donde entran las dudas en Aragón sobre si algunos de estos técnicos utilizarán artimañas para retrasar y alargar aún más todo este pleito judicial.

Todo viene de ese componente hereditario que tiene gran fuerza política en Cataluña. Durante todos estos años, en que positivamente se sabía que al final las pinturas de Sijena tendrían que volver a Huesca, nadie ha sido capaz de exponer la realidad de este patrimonio cultural. Las pinturas que están en litigio no son, para nadie, ni un símbolo ni una bandera que se puedan airear como mejor convenga. Son un bien cultural que hay que preservar y seguramente no es fácil quitarlas de donde están para devolverlas a su lugar original. Pero algo tan frágil fue arrancado en 1936 y después, a lo largo de 60 años, se ha trasladado once veces, en viajes complicados como el que tuvo como destino final Nueva York, por lo que es evidente que la imposibilidad de la devolución que algunos ven debe poder salvarse. Aunque solo sea porque esos expertos que trabajan en este siglo XXI tendrán muchas mejores técnicas que las que había en el siglo pasado. 

Por eso, lo que sobra en todo este proceso son injerencias políticas. Azcón está en su derecho de pedir que se ejecute la sentencia; Illa, en aceptarla y echarse en brazos de los técnicos, y estos en cumplirla como saben. Los demás no tienen ningún papel porque las conjuras debían ser cosas de otros siglos.  

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