Un cerco insoportable

La entrada del hasta hace poco número tres del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel de Soto del Real no es una imagen más que añadir a las que han protagonizado dirigentes socialistas imputados en casos de corrupción en los últimos meses. Constituye un salto de calidad, en términos políticos y mediáticos, en la trama delictiva que afecta al partido socialista. Efectivamente, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, considera que Cerdán ha cometido delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, en colaboración con el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y con Koldo García, a quienes habría repartido mordidas fruto del amaño de contratos públicos.

Un botín que podría alcanzar los cinco millones, según el magistrado. La gravedad de las acusaciones, fundamentadas en las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y sus ramificaciones, constituyen el peor de los escenarios para los socialistas. Son de tal magnitud que la rapidez con la que actuó el PSOE al conocerse su existencia y la decisión de apartar a Cerdán del partido no constituyen una respuesta suficiente.

Cómo no lo es la que dio ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al declarar que la entrada de Cerdán en la cárcel constituye «el momento de la justicia». Es el momento de la justicia, ciertamente, como debe ser cuando un servidor público saca provecho de su condición, pero también es el momento de algo más, si el PSOE no quiere verse barrido por el vendaval que se le viene encima.

En otras latitudes, la existencia de esta trama hubiese llevado a dimisiones y a la convocatoria de elecciones. Por la gravedad de los delitos cometidos y, sobre todo, por la personalidad de los implicados: personas que pertenecen al corazón del partido y que contaron, inevitablemente, con ramificaciones en la administración donde se amañaron los contratos. Si a ello se añade su cercanía a Pedro Sánchez, estamos sin duda ante una crisis que no puede sustanciarse como si se tratara de un caso aislado, al que basta con echar a unos cuantos militantes del partido para resolver el daño producido. Bien está que Sánchez haya convocado un comité federal para el 5 de julio, para abordar cambios en el PSOE, y que se haya comprometido a adoptar un paquete de medidas destinadas a evitar que vuelva a producirse lo que parece un mal endémico del sistema de partidos en España. La pregunta inevitable es si estas medidas no llegan tarde y si serán suficientes, para taponar la vía de agua que se le ha abierto al Ejecutivo.

Cada vez resulta más difícil creer que el Gobierno actual pueda resistir hasta el final de la legislatura. La afirmación del auto del magistrado según la cual la trama podría haber beneficiado a más personas constituye una espada de Damocles que puede abatirse sobre Pedro Sánchez a la vuelta del verano. De poco sirven sus apelaciones ciertas a los buenos resultados económicos, al impacto positivo de la ley de Amnistía para superar el conflicto independentista, o a las iniciativas desplegadas a nivel internacional. El presidente necesita un revulsivo a la altura de las circunstancias, sin el cual no podrá recuperar la credibilidad necesaria para la acción de gobierno. Es posible que ya sea tarde para ello.

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