Contra la corrupción, activismo ciudadano

Ya no es posible ignorar por más tiempo la profunda desafección, el desapego cuando no la inquina ciudadana que alcanza a todas las instituciones públicas y, en cierto modo, a las propias instancias privadas de poder. De hecho se está librando una pugna no tan sorda en el verdadero terreno en que ha de disputarse, que no son únicamente las instituciones públicas. Hay nuevos y eficaces operadores sobre el terreno donde actúan muchas veces con éxito. Son los nuevos «grupos de presión», ciudadanos concernidos por diversas circunstancias, generalmente adversas a su entender, que se han visto obligados a convertirse en activistas. No suelen pretender con acierto proponer o imaginar alternativas globales, sino que apuestan por acciones puntuales y locales. Una metodología que les está llevando a conseguir resultados satisfactorios y, con ello, incrementar su influencia y su correspondiente cuota de poder contante y sonante. Estos grupos suelen contemplar las instituciones democráticas como algo «hostil» , y no les falta razón pero, al contrario, deberían unos y otros esforzarse por ser aliados naturales, sin caer los primeros en error de convertirse en meros instrumentos corporativistas de estructura gremial. Finalmente, estos grupos deberían abstenerse de formular promesas ficticias o de hacer planteamientos que escapen a sus posibilidades reales. Actuar de otro modo mermaría su crédito y, lo que es peor, sería malo para todos al profundizar el abismo entre la ciudadanía y el sistema político. 

En suma, se trata de articular mecanismos efectivos de cesión de soberanía de los partidos políticos a favor de los ciudadanos, con el objetivo de permitir a éstos que recuperen un sentimiento de participación real, activa y decisoria en el ejercicio de la política. Desde hace muchos años, con la irrupción de las tecnologías de la información y últimamente con la recién llegada inteligencia artificial, se ha creado un nuevo paradigma en el que los ciudadanos ya no son solamente sujetos pasivos que tienen el derecho y la necesidad, no siempre satisfechas, a que las administraciones les informen puntualmente de sus actividades, sino que se han convertido –gracias a las redes y los dispositivos digitales– en verdaderos sujetos activos, capaces de generar y difundir directamente información. A estas alturas, nadie debería ignorar que las instancias públicas y privadas estamos obligadas a realizar una profunda revisión de nuestros mecanismos tradicionales de participación ciudadana. Por ello se ha multiplicado la exigencia de transparencia, se han alterado los procesos de toma de decisiones y se ha creado una suerte de tensión democrática permanente en la relación con la opinión pública y con los medios de comunicación tradicionales. 

Es constatable cómo la inmensa mayoría de los éxitos cosechados por los grupos de presión tienen su razón en cuestiones locales o territoriales que, si en principio pueden parecer poco ambiciosas, el tiempo demuestra que sólo ese tipo de objetivos puede llegar a prosperar, mientras las grandes metas transformadoras muchas veces fracasan y se olvidan en el tomo durmiente de un anaquel que nadie consulta. 

En cuestiones como la vivienda, el urbanismo, los derechos humanos o la ecología los grupos de presión han demostrado su capacidad para solventar gruesos conflictos, han sabido organizarse, agruparse y ganar la batalla a los poderes tradicionales sin recurrir a la huelga, vieja fórmula del activismo. Con ello prueban que no siempre los cauces meramente democráticos son suficientes para resolver conflictos en el marco de las relaciones sociales y demuestran también que cuatro años, duración tipo de una legislatura, no permiten muchas veces concluir proyectos de cierta enjundia. Los éxitos derivados de la comparación entre las administraciones públicas y los sensatos grupos de presión van vinculando potencial y, sobre todo, fijan la verdadera cuota de poder e influencia que tienen los diversos protagonistas. 

Por último en términos de participación en el campo de la política aquí y ahora, quisiera sugerir la ampliación de los cauces de participación democrática como las primarias abiertas a toda la ciudadanía; la segunda vuelta para las dos listas más votadas; el sistema mayoritario; oficinas del representante parlamentario con sede en los propios distritos y circunscripciones territoriales... La puesta en marcha de cualquiera de estas medidas y el conjunto de las mismas bien podrían constituir garantía razonable de freno contra la corrupción política.

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