Estado, S.A.

«Yo tengo derecho a…, para eso pago mis impuestos». Es frecuente escuchar la exigencia de determinados servicios por el derecho que nos otorga pagar impuestos. Se considera así al Estado como una empresa multiservicios, una gran aseguradora para atender todas nuestras contingencias y garantizar nuestra seguridad. El pago de impuestos es el precio de esa cobertura. Y «los políticos» son, desde esta perspectiva, los gestores de esa aseguradora, «que para eso les pagamos» y podemos exigirles que sean eficientes en esa gestión.

Se substituye así la lógica de ciudadanía por la del consumidor. La exigencia desde la responsabilidad por lo público, por la exigencia contractual. Como consumidor, exijo una asistencia sanitaria porque para eso pago mis impuestos. Como ciudadano, exijo mi derecho a una asistencia sanitaria, pero consciente de mi responsabilidad de hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios y, también, por supuesto, de cuidar mi salud.

Como consumidor, exijo que el Estado me ofrezca una plaza escolar para mis hijos, en sus propios centros o en un centro privado que a mí me guste. Como ciudadano, estoy en mi derecho de exigir una educación pública, que garantice la igualdad de oportunidades, sea cual sea la condición social y económica de la familia; pero también soy consciente de que educar supera el marco escolar y nos hace a todos y todas responsables en casa, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en nuestros comportamientos cotidianos.

Como consumidor, me indigno con las administraciones cuando alguna persona mayor que vive sola fallece sin que nadie se entere durante días o semanas; deberían ocuparse de estas personas, para eso pagamos impuestos. Como ciudadano me duelen las situaciones de soledad, y exijo a las administraciones que ofrezcan servicios que puedan necesitar; pero soy consciente de la importancia de la buena vecindad, porque la soledad supera con compañía, y la compañía no se soluciona pagando unas horas a alguien para que te acompañe, la compañía la damos las personas, como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende.

Como consumidor, me quejo del ayuntamiento cuando veo la suciedad o deterioro de una calle; «que lo limpien, que lo arreglen, que para eso pagamos los impuestos». Como ciudadano exijo limpieza en los espacios públicos, pero pienso siempre en los comportamientos cívicos que todos y todas debemos practicar, para no ensuciarlos o deteriorarlos. La lista de exigencias del consumidor al Estado abarca todos los aspectos de la vida, desde el arreglo de calles o carreteras, a la seguridad en los alimentos o a la predicción del tiempo y, por supuesto, que se nos avise a tiempo de cualquier riesgo o emergencia y que ofrezcan respuestas inmediatas y eficaces a las mismas.

Quienes ven al Estado, a las administraciones, como una gran empresa de servicios o una aseguradora, consideran que su derecho a todos esos servicios se deriva de un compromiso contractual, que tiene como única contraprestación el pago de la cuota correspondiente, en forma de impuestos.

Como ciudadanos, también son esas nuestras exigencias. Pero nuestra relación con lo público no es de carácter mercantil, sino un compromiso con el bienestar colectivo, del que todos somos responsables. Pagar impuestos de manera justa es parte de ese compromiso, pero ser ciudadanos nos exige, además, comportamientos cívicos en todas las esferas de nuestras vidas. Como ciudadanos no elegimos a los políticos sólo para que gestionen los servicios públicos, sino para que nos representen en las decisiones que afectan a la vida colectiva en lo local, en lo autonómico y en lo estatal. Parte esencial de esas decisiones es determinar las formas más justas de contribuir al mantenimiento del Estado y de los servicios públicos, y a qué dedicar nuestros impuestos.

La lógica consumista de «lo quiero todo y lo quiero ya», no es una lógica de ciudanía. Los recursos, nuestros impuestos, no son ilimitados. La acción política requiere establecer prioridades, teniendo en cuenta las demandas ciudadanas, múltiples y a veces contrapuestas, en una sociedad donde coexisten intereses muy diversos de diversos agentes o territorios.

Tenemos derecho a exigir y criticar a las Administraciones y a quienes hemos elegido para que nos representen y las dirijan. Pero también la obligación de contribuir al mantenimiento de los servicios públicos y de las estructuras del Estado con nuestros impuestos, y la responsabilidad de comportarnos como ciudadanos, y no sólo como consumidores o usuarios de lo público. 

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