La era del individualismo

Hace unas semanas se celebró el Madrid Economic Fórum, un encuentro que reunió a algunos de los representantes más notorios del capitalismo ultraliberal, y en el que personajes como el presidente argentino, Javier Milei o Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, se dedicaron a repetir viejas consignas con tono de revelación: los impuestos son un obstáculo para el crecimiento económico; el Estado gasta en exceso y lo hace, además, en personas que no lo merecen. La idea que sobrevolaba el encuentro era tan simple como potente: cuanto más libre sea el individuo de toda obligación colectiva, mejor funcionará la sociedad.

El mensaje no es nuevo. El liberalismo clásico ya colocaba al individuo en el centro de la vida política, pero ni siquiera sus primeros y más conocidos teóricos se atrevieron a afirmar que el individuo deba estar por encima de cualquier forma de bien común. Para John Locke o John Stuart Mill, los derechos individuales debían ejercerse dentro de un marco de respeto mutuo en el que la libertad individual no se oponía al contrato social, sino que se apoyaba en él.

La novedad de nuestro tiempo es el triunfo cultural de una forma de individualismo radical que se celebra como emancipación definitiva de toda responsabilidad compartida. Un individualismo que bebe de la filosofía de Max Stirner, que ya en el siglo XIX rechazaba cualquier límite a la voluntad del «único», ajeno a la moral, a la ley, a la religión o a la noción de humanidad. Esa visión extrema ha ganado terreno como discurso normalizado, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que en muchos casos han crecido sin referencias colectivas fuertes y con la convicción de que la libertad consiste, simplemente, en carecer de obligaciones.

Detrás de esa afirmación se esconde un desconocimiento profundo de cómo funciona el mundo. Para comprobarlo no hace falta leer tratados de teoría política, sino conocer ligeramente el funcionamiento de países donde el Estado apenas existe: sociedades con sistemas fiscales débiles, sin capacidad para redistribuir la riqueza ni garantizar servicios públicos esenciales en los que la vida del individuo no es más libre, sino más precaria, y en los que la salud, la educación, la seguridad y hasta el acceso al agua potable pueden depender del nivel de ingresos, de la red familiar o de la suerte.

Aunque no hace falta irse tan lejos. En el país más rico del mundo, Estados Unidos, la presión fiscal es sensiblemente inferior a la de todos los países europeos (ocupa el puesto 86 del ranking mundial) pero, lejos de «democratizar» la riqueza, es también uno de los países desarrollados con mayor desigualdad. Allí, el 1% de la población más adinerada vive con lujos que escapan a toda comparación mientras que el 8% de la población, 27 millones de personas, carece de cobertura sanitaria. Solo un par de datos adicionales: un estadounidense, al nacer, tiene el doble de probabilidades de morir antes de cumplir un año que en Europa, mientras que aquellos que se desarrollen como adultos vivirán, de media, cuatro años menos que un individuo nacido en el territorio de la UE. Unas cifras llamativas si se tiene en cuenta que en Estados Unidos gasta en sanidad casi el doble por habitante que sus referentes europeos.

Pese a ello, el discurso del individualismo radical, tan propio del otro lado del Atlántico, crece gracias a que ofrece respuestas simples a problemas complejos, y porque conecta con una cultura política que ha dejado de confiar en lo común.

Frente a esta realidad, la izquierda, que durante décadas supo basar su mensaje en la necesidad de ofrecer y construir proyectos colectivos, parece hoy atrapada entre la nostalgia y el desconcierto, con argumentos que no solo no han perdido su validez, sino que están más vigentes que nunca, pero que ya no sabe cómo transmitir eficazmente.

En los últimos años, buena parte de la izquierda ha centrado su discurso en torno a políticas que tratan de visibilizar desigualdades estructurales y ampliar derechos de grupos sociales diversos. Sin embargo, ese giro discursivo, a menudo formulado en términos que no conectan con las preocupaciones cotidianas de amplios sectores de la sociedad, ha tenido un efecto paradójico al alejar a una parte significativa de su base electoral, que no se reconoce en ese relato y que percibe, con razón o sin ella, que sus propios problemas han dejado de estar en el centro de la agenda.

El reto, por tanto, no es solo ideológico, sino también narrativo, porque gobernar para la mayoría exige hablar de forma inteligible, directa y concreta, y, sobre todo, lograr que quienes se benefician de las políticas públicas progresistas -es decir, la amplia mayoría- sientan que se está gobernando para ellos por encima de cualquier otra consideración.

Recuperar una forma de contar lo común que no suene a renuncia, ni a sacrificio, sino a proyecto compartido, es el gran reto. Porque, frente a lo que se repite en foros y titulares, nadie se salva solo, y porque por más que algunos se empeñen en gritar lo contrario, no hay mayor libertad que la que se construye de manera colectiva.

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