¿A quién le preocupa la justicia?

Si hay un ámbito de la vida en sociedad que parece desde hace años que a nadie importa en este país, ese es el funcionamiento de la Justicia, sí, con mayúsculas. Esa que poco o nada tiene que ver con el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, o determinados órganos de Plaza de Castilla, que día tras día saturan los medios de comunicación con asuntos de Koldos, Montoros y similares, sino la de verdad, la que afecta cada día a miles y miles de ciudadanos con problemas, y lo de «cada día» es un eufemismo pues ponerse en manos de la Justicia siempre es algo al final de años. Despidos, divorcios, desahucios, reclamaciones de multas, impagos de comunidad, horas extras, etc., etc., son materias cotidianas que en los juzgados (de momento los llamaré así, aunque ya no existan) se eternizan en una maraña de providencias, autos, diligencias de ordenación, escritos de contrario y plazos inacabables, que dilatan hasta la extenuación a eso tan ignorado como es el «justiciable», hasta que se consigue la ansiada sentencia... que a buen seguro será recurrida.

En los últimos meses el gobierno ha puesto en marcha diversas reformas, que, bajo el siempre temible nombre para una ley, como es el nominarla de «eficiencia», que poco o nada han trascendido a la opinión pública al margen de los sufridos agentes jurídicos: los que trabajan y acuden en su trabajo a los juzgados. Si los juzgados (sí, les sigo llamando así) estaban colapsados, pues lo más fácil es hacer lo que se ha hecho: desde el mes de julio ya no hay juzgados.

Ahora tenemos Tribunales de Instancia, , que suena como más importante, y que pretenden optimizar sus medios humanos y materiales, y con ellos los antiguos juzgados de instrucción, primera instancia, contenciosos o sociales, ahora pasan a ser secciones de ese nuevo órgano aglutinador, ¿a que parece lo mismo? Poco tiempo ha pasado desde el cambio, pero de entrada el colapso se ha multiplicado, normal en todo cambio organizativo que conlleva la necesidad de adaptación a la nueva figura.

El otro gran cambio se produjo en el mes de abril. El día 3 entró en vigor la obligación en casi todos los procedimientos judiciales, en especial en los civiles y mercantiles, de someterse obligatoriamente y previamente a acudir a los tribunales –ya uso el término actual–, a los denominados MASC (Métodos Alternativos a la Solución de Conflictos). Si los tribunales están colapsados, de nuevo una solución fácil: vamos a hacer que los ciudadanos intenten solucionar sus problemas sin ir a la Justicia. ¿Se consigue? No diré yo que en algún caso no se logre, pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que dilata la solución con ese obligatorio, pero casi inútil, preceptivo paso.

Como queda dicho estos intentos de solucionar el colapso de la Justicia, que hace que procedimientos que sobre el papel, en la ley procesal correspondiente, debería ser cuestión de meses, se dilaten y dilaten y siempre sean años, cuando no lustros, poco parecen van a aportar.

¿Y ante ello qué se hace?, ¿protesta alguien? Algún lector informado podrá decir que sí, que él ha leído que jueces y fiscales han hecho una huelga, y que incluso ha visto por televisión que se han manifestado estos importantes colectivos, con sus togas e insignias profesionales, símbolo de su autoridad. Pero ese lector comprometido con su sociedad si ha escarbado un poco en la noticia habrá visto que esas manifestaciones y huelgas no se han producido por el problema del colapso de la Justicia, eso da igual: «un asunto detrás de otro» que me dijo un viejo magistrado, sino que, en algo tan habitual en la España de defensa del corporativismo, lo han sido ante el anuncio de que el acceso a la carrera judicial y fiscal se va a modificar, y el sistema decimonónico de oposición memorística bajo la tutela de preparadores de los propios cuerpos que son retribuidos de una manera cuando menos opaca, se quiere variar hacia un sistema que valore la capacidad y el mérito, y que el sistema de estudio y pago a los preparados sea más transparente.

Eso sí que merece que los togados realicen unas manifestaciones y unos paros que paralicen la actividad judicial (por cierto, sin descuento alguno en el salario como ocurre cuando cualquier trabajador ejerce su derecho de huelga). La Justicia puede ir de mal en peor en su funcionamiento, y eso a pocos importa, pero que no nos toquen lo nuestro...

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