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Opinión | El artículo del día

Suso Domínguez

Concejal de Zaragoza en Común

Símbolo de la especulación urbanística

Como viene siendo habitual, el Gobierno de Natalia Chueca aprovecha los últimos días del curso político para, ya sin comisiones, con agosticidad y con un pleno de mero trámite, meter de rondón medidas de hondo calado, esta vez con la venta de los suelos de Alumalsa en San José. Si el año pasado nos encontramos con las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para Jesús y María, la calle Lagasca o la Huerta de Movera, por poner algunos ejemplos, este año nos hemos encontrado con el anuncio de la venta de estos suelos municipales con los que perdemos la oportunidad de aumentar el parque público de vivienda.

En diciembre de 2023, el presidente Jorge Azcón y la alcaldesa Natalia Chueca vendieron a bombo y platillo la permuta del suelo de Embarcadero por el de Alumalsa para la construcción de pisos protegidos o bien vivienda pública para alquiler social, pero hoy de aquellos anuncios no queda nada. Nos encontramos, por contra, con un proyecto que contempla 106 viviendas de lujo, que con toda seguridad superarán los 350.000 euros, y con una torre de 15 plantas, símbolo de la especulación urbanística de este gobierno del PP. Un proyecto con el que Natalia Chueca pretende recaudar 7,2 millones alegando su necesidad para financiar sus proyectos, mientras que en paralelo perdona, vía bonificaciones, cantidades millonarias a sus amigos de Quirón, Costco o a la Nueva Romareda.

El gobierno municipal ha planificado la venta de 67 millones de euros en suelo público destinado principalmente a la promoción de viviendas de lujo. ¿Es eso lo que le hace falta a Zaragoza? ¿De verdad que con el mayor presupuesto de la historia, unos 1.300 millones de euros, es necesario vender suelo público e hipotecar la futura construcción de vivienda pública?

Los vecinos y vecinas de San José ya se movilizaron hace cuatro años hasta frenar una iniciativa similar y han anunciado su total oposición a esta medida tomada de espaldas a la ciudadanía, con una oscura maniobra que pilla a todo el mundo a contrapié y que va en contra de las necesidades sociales del barrio.

Una operación que va en contra de lo recogido en el Plan de Barrio de San José aprobado durante el Gobierno de Zaragoza en Común tras un amplio proceso de participación ciudadana, y que preveía la construcción de vivienda pública. Zaragoza se está convirtiendo, bajo la gestión de Natalia Chueca, en un tablero de juego para operaciones inmobiliarias y urbanísticas pensadas desde los despachos de las grandes corporaciones.

Lo vemos en Vía Hispanidad, con un proceso de recalificación, realizado con una total oposición vecinal, que incluye la destrucción de espacios públicos y su entrega a promotores privados para la construcción de viviendas de lujo, que va servir para pagar la nueva Romareda.

Lo vemos en la construcción de chalets de lujo en Montecanal; o en Rosales del Canal donde se eliminan los suelos para equipamientos que necesita el barrio, hipotecando su desarrollo. Lo vemos también en el Portillo, convertido en otra operación de especulación para construir viviendas de lujo en una de las zonas más densamente pobladas.

Ahora una torre de 15 plantas se convertirá en el símbolo de las políticas de urbanismo a la carta de Chueca, un icono de la especulación urbanística con la que ya se identifica al PP de dentro y fuera de nuestra ciudad. La urbanista Jane Jacobs nos alertó: «Cuando se prioriza el interés económico sobre la vida cotidiana, se mata el alma de los barrios» y esto es lo que, lamentablemente, está sucediendo ya en Zaragoza.

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