Aborto y consenso

El debate sobre el aborto siempre le ha reportado al PP más perjuicios que beneficios, hasta el punto de que un intento de recortar la ley de plazos de 2010 le costó el puesto al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en 2014. El entonces presidente, Mariano Rajoy, retiró esa reforma, porque ni siquiera había consenso sobre ella en su propio partido y porque los sondeos indicaban, e indican, que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está aceptado por la mayoría de la sociedad española, incluidos muchos de los votantes conservadores. Por el contrario, los socialistas, autores de las normas que garantizan el libre acceso al aborto, siempre han hecho bandera de ese derecho de las mujeres, lo que, sin duda, les ha reportado réditos electorales.

Es por eso que ahora, cuando la discusión sobre el aborto ha resurgido por la torpeza del PP de Madrid, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a enarbolar esa enseña, planteando una reforma que la blinde en la Constitución. Es una iniciativa que pretende perseguir al menos dos objetivos. Por una parte, y si eso fuera factible, impedir que un hipotético gobierno que precisara del apoyo de Vox pueda revertir ese derecho, y, por otra, aprovechar que los populares se están enredando en su propio ovillo, para reafirmarse en el feminismo y, sobre todo, para recuperar el apoyo de las mujeres, que se resintió tras conocerse el comportamiento de José Luis Ábalos.

Pese a que el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de poner sensatez en la discusión asegurando que, si gobierna, garantizará que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo podrá hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, «conforme a las leyes», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en el debate, posicionándose más cerca de Vox que de las posiciones de la dirección de su propio partido.

La propuesta del Gobierno podría ser consideraba positivamente si fuera sincera, si fuera viable –pero no lo es, y el Ejecutivo lo sabe– y si sirviera para lograr sus objetivos declarados –y hay juristas que dudan de ello–. Sentencias del Tribunal Constitucional han estimado hasta ahora que el derecho al aborto puede interpretarse que está incluido dentro de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la integridad física y moral recogido en el artículo 15 de ña Constitución, pero modificarlo para aclararlo de forma explícita implicaría un procedimiento (disolución de las Cortes, referéndum) impensable.

Pero eso propone reformar el artículo 43.4 de la Constitución, para lo que solo es necesaria una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados al formar parte no de los derechos fundamentales sino simplemente de un «principio rector», como el derecho a la vivienda. No es menos inviable, ya que solo puede darse con la concurrencia del PP, pero algunos juristas señalan que incluirlo en este capítulo de la Constitución rebajaría incluso más el nivel de protección del derecho al aborto.

Se trata, por lo tanto, de una iniciativa retórica y efectista, dirigida básicamente a poner en evidencia algunas contradicciones de la oposición ante el electorado femenino, en una especie de representación teatral incoherente. Estamos de nuevo ante una cuestión que requeriría, como tantas otras, del acuerdo de los grandes partidos, de los dos partidos que han garantizado y garantizan la estabilidad del sistema democrático. Pero en ningún caso se ha planteado desde la búsqueda de un gran pacto como hizo el presidente Emmanuel Macron en Francia con una iniciativa similar. Se ha pensado desde la polarización. Y eso también supone un retroceso, porque garantizar el derecho al aborto también precisa de un amplio consenso.

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