Arcosur y el final de dos décadas de incertidumbre

El Gobierno de Aragón ha dado el paso para sacar a Arcosur de una incertidumbre que ya duraba 20 años. Dos décadas en las que muchas han sido las críticas recibidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y gobiernos de diferente color por un proyecto que solo tuvo una razón de ser para su creación para albergar más de 20.000 viviendas. De nuevo los mismos actores acuden a la llamada de la oportunidad, la misma que en su día sirvió para que uno comprara los suelos de Ranillas que permitieron albergar la Expo de Zaragoza de 2008. Esa fue su motivación, la de todos, aunque cuando se hizo nadie esperaba que pocos años después estallaría la burbuja inmobiliaria y traería una crisis a escala mundial que dio al traste con los planes. Desde entonces, el escenario ha cambiado varias veces en el sector y en Zaragoza, y nunca la suerte le ha sonreído a esta zona del sur de la ciudad. Ahora la DGA ha sentado a la mesa a los dueños del suelo para que pongan sus suelos a disposición del hambre promotor de la Administración para construir pisos a toda velocidad. Actores protagonistas, como Ibercaja, el gran benefactor para conseguir la muestra internacional celebrada hace ya 17 años, y ahora el principal propietario de terrenos donde construir esas viviendas, pero también un aliado necesario para dar financiación, en forma de préstamos, para proyectos públicos y privados que ahora tendrán preferencia en la ciudad. Actores secundarios como el ayuntamiento, que deberá pisar el acelerador para los cambios normativos que agilicen unas obras de urbanización a las que por fin se les pone fecha de finalización: 2031. O el resto de dueños de parcelas, siempre vigilantes por el trozo del pastel que les tocará en esta jugada, que tienen a la junta de compensación como principal garante de que si hay dinero público para comprar parcelas, que al menos haya café para todos.

Lo más importante de este acuerdo histórico es que ya hay voluntad política, por parte de una Administración que siempre ha mirado de perfil el desarrollo imposible de un proyecto como Arcosur, descomunal en sus proporciones y costosísimo en las obras de urbanización obligatorias a las que, al menos ahora, se consiguió dotar de algo de cordura al establecer fases de ejecución que hicieran una construcción más ordenada. A nadie se le escapa la extrañeza que provoca ver bloques construidos en medio de la nada a muchos metros de distancia de las zonas habitadas del barrio. Porque hubo un tiempo en que esta aberración era posible. También que se permitiera que muchos de esos propietarios de terrenos dejaran de pagar sus cuotas y ahogaran con sus deudas a la junta de compensación, paralizada por falta de liquidez y con esas mismas 20.000 viviendas por construir. Pero ahora parece que la incertidumbre toca a su fin y que más allá del coste que supone acometer las obras de urbanización pendientes, 130 millones, también se plantean revisar la densidad de viviendas y acudir a trocear los pisos ya previstos en otros más pequeños y, obviamente, más baratos. Esa posibilidad está solo sobre el papel de un protocolo al que ahora hay que dar forma jurídica e impulso económico. Para que Arcosur sea una realidad ha hecho falta que dejara de ser un proyecto de ciudad para pasar a convertirse en otro de interés autonómico. Y esa diferencia es lo que también es histórica.

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