Opinión | EDITORIAL
El coste de ser autónomo
Ser tu propio jefe. Trabajar sin horarios ni oficinas ni superiores. Estos han sido históricamente los factores que han atraído a millones de personas y las han animado a ser autónomos. Pese a las barreras burocráticas, el régimen fiscal y los vaivenes de la actividad económica, cada vez hay más autónomos en España. Ahora han alcanzado la cifra récord de 3,4 millones de trabajadores, que sostienen casi el 16% del PIB. Pero la relevancia en la creación de riqueza y el empuje del colectivo no son garantía de que no acecharán problemas, falta de garantías e incertidumbres de toda índole.
La última conmoción en el colectivo de trabajadores por cuenta propia ha sido la propuesta de incremento de las cuotas de autónomos lanzada recientemente por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre otros objetivos, buscaba reforzar la progresividad de las cotizaciones, así como fortalecer el sistema de pensiones y reducir la brecha entre asalariados y autónomos una vez se jubilan. La propuesta de Saiz desencadenó tal oleada de reacciones que fue corregida hasta rebajar de manera significativa las cotizaciones propuestas. Los autónomos han recibido con cierto alivio la rectificación del Ministerio, pero no acaban de fiarse del todo, especialmente aquellos cuyos ingresos no superan los 800 euros mensuales tras pagar gastos, impuestos y cuotas.
Los autónomos pueden interpretarse como un reflejo bastante fiel del conjunto de la sociedad. Los ingresos del colectivo son muy desiguales: mientras una parte asegura ingresar por debajo del salario mínimo interprofesional, otros (aún minoría) ganan en torno a los 3.500 euros mensuales. Aquí radica una de las principales reivindicaciones de los trabajadores a cuenta ajena: reforzar la progresividad fiscal. Aunque también sería una ingenuidad ignorar otro de los grandes problemas del colectivo: la elusión fiscal, cuando no el fraude, por lo que cualquier reforma también debería ir dotada de herramientas para frenar las irregularidades fiscales.
En otro orden de cosas, los autónomos, un colectivo variopinto que agrupa desde obreros a ingenieros, sufren del conjunto de las sombras que se ciernen sobre la sociedad española: el envejecimiento y la compleja articulación de la integración de los extranjeros en el mercado laboral son solo algunos de ellos. Paralelamente, las mujeres, como ocurre con las asalariadas, sufren por partida doble los problemas para mantener la conciliación familiar. Muchas de ellas tienen que renunciar a permisos y someterse a jornadas maratonianas sin posibilidad de acogerse a redes de apoyo.
La prosperidad de los autónomos significará la prosperidad del conjunto del país. Las reformas del Gobierno español, probablemente con un objetivo plausible, han sido anunciadas de manera torpe y sin tener en cuenta la realidad del colectivo. Se precisan medidas concretas que generen confianza, certezas y un horizonte que no esté condenado a la precariedad ni al aislamiento. La iniciativa de aquellas personas que se embarcan en la aventura del trabajo por cuenta propia merece que el Estado las apoye y no las penalice con la incomprensión y la falta de seguridad.
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