Opinión | EL ÁNGULO
Las crisis y la mentira prudente
Hubo un antes y un después con la gestión de crisis de los atentados de Atocha en marzo de 2004. El uso abierto de la mentira por los principales responsables políticos del país generó una erosión en la confianza institucional, y el comienzo de la polarización política. Ante la desinformación del Gobierno, con su presidente en primera línea de actuaciones, llamadas a los directores de los medios o comunicación a las embajadas, se extendió en las primeras horas lo que se conoce como mentira prudente, una forma de autocensura colectiva.
Se impuso la opinión dominante sobre la autoría de ETA del 11-M, por miedo al rechazo o a represalias, muchos callan sus dudas o no expresan opiniones contrarias y eso refuerza la percepción de que esa opinión es mayoritaria. Esto también tiene un nombre, la espiral de la mentira prudente, que se alimenta a sí misma, hasta que algo la rompe. Se intentó controlar la opinión pública en plena campaña electoral. Se produjo una ruptura del silencio social, cuando la ciudadanía reaccionó masivamente al descubrir la manipulación y se consolidó la idea de que la mentira tiene consecuencias electorales directas.
Este caso se convirtió en un referente para entender cómo la ocultación o la manipulación de la verdad es usada con la esperanza de que el tiempo o el control mediático impidan que la verdad asome antes de que tenga consecuencias políticas. Carlos Mazón ha sido un claro discípulo de esta escuela, y un año después sigue siendo presidente de la Generalitat con las cuentas autonómicas apoyadas por Vox para 2025.
Se sigue ocultando información clave, vídeos grabados por la Consejería de Emergencias durante las horas críticas de la catástrofe, que mostraban la gestión en tiempo real, fueron entregados con retraso a la jueza que investiga los hechos. Carlos Mazón ofreció un discurso lleno de incongruencias, como negar que se pudiera alertar a la población por móvil, cuando existían mecanismos disponibles para ello. Se desvió la atención a la Confederación Hidrográfica del Júcar de un «apagón informativo», aunque esta había enviado correos de alerta que fueron ignorados. Se produjo una guerra de relatos entre el Gobierno autonómico y el central, con acusaciones cruzadas y falta de coordinación. Esta confrontación alimentó la desinformación y profundizó el vacío de confianza en las instituciones.
La mentira en crisis no solo afecta la percepción pública, dificulta la respuesta institucional y genera un vacío de confianza, ni siquiera sirve para que se salven los responsables, aunque piensen que esta vez, sí.
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