País Vasco e inmigración

La Ertzaintza ha decidido informar regularmente sobre la procedencia geográfica de las personas detenidas en el País Vasco. Una decisión que, sabiendo la polémica que iba a generar en la sociedad vasca, es necesario indagar por qué se ha producido. El suministro de ese tipo de datos rompe con la manera de actuar que se estaba siguiendo hasta ahora y que mantienen el resto de los cuerpos policiales, desde la Policía Nacional a la Foral de Navarra a incluso la Guardia Civil. Esas policías, como hasta ahora la vasca, eluden detallar en sus notas informativas el origen territorial de quienes delinquen para evitar estigmatizar a los inmigrantes. De hecho, se trata de una práctica avalada por organismos internacionales, como el Consejo de Europa, que recomiendan a las fuerzas policiales «no revelar públicamente información sobre la raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional del presunto autor de un delito», para no perpetuar mitos que vinculen el delito con el origen étnico o con el aumento de la inmigración sin justificación.

El riesgo de que esa información contribuya a asentar esos prejuicios negativos es lo que ha llevado al Ararteko, el defensor del pueblo vasco, a iniciar una actuación de oficio para conocer las razones que han empujado al Gobierno vasco a proceder de esta forma.

El consejero de Interior vasco ha justificado la decisión para impedir que algunos partidos utilicen los datos «a su conveniencia». Lo cual desvela, no obstante, la existencia de un problema que merece una reflexión colectiva y seria. La presión de grupos como Vox, que justifican su intención de expulsar a los inmigrantes con datos falsos sobre sus actividades delictivas, es permanente, y combatirla exige de las administraciones un análisis certero sobre cómo se debe actuar para desmentir con datos reales, y sin contribuir a estigmatizar a los extranjeros, esas afirmaciones que no se ajustan a la verdad.

Porque la sensación de inseguridad que afecta ahora a los vascos responde, por una parte, al creciente aumento de la población migrante en el País Vasco, y, por otra, a esos mensajes de la extrema derecha. Hasta hace muy poco, la presencia de extranjeros en el País Vasco era muy inferior a la del resto de España. Ahora alcanza ya el 14,1%. Un porcentaje inédito, que ha abierto una brecha social, en índices de paro y pobreza, entre autóctonos y extranjeros. No va a ser fácil, sin embargo, combatir esa sensación de inseguridad y la propaganda antiinmigración, con una decisión que parece poco meditada y no consensuada, como la adoptada por la Ertzaintza, que además aporta datos que indican que el 46% de los delitos cometidos en el País Vasco en los últimos nueve meses habrían sido perpetrados por extranjeros. Un porcentaje elevado, superior al que maneja el Ministerio del Interior para el conjunto del Estado, y sin precisar el grado de gravedad de esos delitos. La respuesta más inmediata para tranquilizar a la ciudadanía debería ser reforzar la presencia policial en las zonas más tensas, pero también es necesario que los gobernantes reflexionen colectivamente, con sosiego y con datos fidedignos, sobre cómo afrontar los problemas que plantea la llegada de estos nuevos ciudadanos y su integración en nuestra sociedad. Incluida la seguridad.

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