El triunfo de los ricos

El multimillonario Warren Buffett explicó hace algunos años que la lucha de clases existe, y que la suya, la de los más ricos, va ganando. Hacía tal afirmación tras conocer que su secretaria pagaba alrededor del 33% de sus ingresos en impuestos, mientras que a él, con ganancias anuales millonarias, apenas le descontaban el 19%. No es un dato aislado. En un reciente informe del G20, entre 2000 y 2024 el 1% de la población más adinerada acaparó el 41% de la riqueza mundial creada. Mientras, el 50% más pobre recibió tan solo el 1%.

Al poder económico de las grandes fortunas hay que sumarle el político, gracias a que la concentración extrema de riqueza se vincula con un creciente ascendente en las instituciones democráticas y en la sociedad en su conjunto. La propiedad de los más importantes medios de comunicación y de buena parte de las redes sociales se ha traducido en una inmensa capacidad para influir en la construcción de un ideario profundamente individualista basado en la posesión material y en la ostentación.

Este afán por controlar la opinión en la sociedad no es, en realidad, algo nuevo. Lo cuentan de manera brillante los historiadores Naomi Oreskes y Erik M. Conway en El gran mito, en donde relatan cómo durante más de un siglo las grandes corporaciones estadounidenses impulsaron esta estrategia a través de asociaciones empresariales, think tanks, centros educativos, prensa, iglesias y cultura popular, con el objetivo de convertir el libre mercado en un dogma político y moral, y asociar la intervención pública con la ineficiencia o la «antilibertad». Este fundamentalismo de mercado se ha transmitido hasta nuestros días, reforzando la idea de que los mercados, por sí mismos, garantizan libertad y prosperidad de manera mucho más eficiente que cualquier política más escorada a la izquierda.

Con ese marco asentado, ya no resulta necesario recurrir a argumentos soterrados para imponer su visión. Hoy esas élites actúan a plena luz del día, promoviendo ideas que hace poco parecían impensables y que erosionan la democracia desde su base. Voces con un enorme influencia, como el cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, sostienen sin ambages que democracia y libertad son incompatibles y plantean sustituir la representación popular por gobiernos tecnocráticos al dictado de élites tecnológicas. En paralelo, financian estrategias y fuerzas populistas, incluidas formaciones de ultraderecha, para abrir aún más ese boquete en el edificio democrático.

Y es que en el fondo, es lógico que los más ricos aboguen por recortar lo público, ya que son, precisamente, quienes menos lo necesitan. Es fácil pedir un Estado mínimo cuando puedes pagar las mejores clínicas privadas y tratamientos de vanguardia; cuando escolarizas a tus hijos en las universidades más exclusivas; cuando tu seguridad depende de vigilantes, mansiones y urbanizaciones blindadas; o cuando viajas en jet privado y las fronteras quedan reducidas a una formalidad.

Pero si aceptamos que una sociedad decente es aquella que busca el bien común de la mayoría, no resulta lógico dejar que los más ricos fijen las reglas, porque detrás de su ideario solo existe la ambición de aprovecharse aún más del sistema. Para ello, han colonizado el imaginario –sobre todo entre los jóvenes– con la falsa promesa de que cualquiera puede convertirse en millonario, pero la aritmética es terca: para que existan Elon Musk, Bernard Arnault o Amancio Ortega, hace falta que una mayoría viva en los márgenes de la precariedad.

La izquierda tiene que perder el miedo a decirlo con claridad: la concentración extrema de riqueza es incompatible con una sociedad sana, de ahí que resulte imprescindible subir los impuestos a las grandes fortunas y asegurar que, como mínimo, aporten lo mismo que el resto. El ejemplo reciente de Zohran Mamdani, que acaba de ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York defendiendo, entre otras cosas, que «no deberíamos tener milmillonarios», muestra que hablar claro no solo es posible, sino políticamente rentable.

No se trata de odiar el éxito, ni de dejar de reconocer lo que la innovación privada ha aportado al crecimiento, sino de impedir que los más afortunados puedan condicionar el bienestar de la mayoría.

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