El 2% de Santos Cerdán

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente puso este pasado miércoles en libertad al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Su decisión se fundamenta justamente en que la información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acumula ya indicios coherentes de los presuntos delitos que se le imputan, que ya no hace necesario mantener su reclusión para evitar la destrucción u ocultación de pruebas. El último aldabonazo ha sido el informe que detalla un circuito de adjudicación de obras a la empresa Acciona, de las que se desprendían comisiones del 2% que, directa o indirectamente, acababan beneficiando a Santos Cerdán y su círculo familiar.

Más allá de las conclusiones evidentes y de las evidencias aún por confirmar (como corroborar la irregularidad de los procesos de adjudicación), la cronología hasta ahora conocida muestra que los mecanismos de recaudación (y derivación de los fondos obtenidos para su uso particular) se pusieron en marcha, por parte del equipo de confianza inmediata del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, desde el mismo minuto en que este entorno tuvo en sus manos los resortes del partido, empezando por el entonces secretario de organización José Luis Ábalos, para el que anteayer la Fiscalía Anticorrupción reclamaba una pena de 24 años de cárcel.

Al mismo tiempo que se acumulan las evidencias contra los sucesivos responsables de la sala de máquinas del partido socialista, sigue sin existir ninguna evidencia de financiación irregular de la formación, que aparece en todo caso más como vehículo para obtener un enriquecimiento personal que como beneficiaria de las tramas recaudatorias presuntamente puestas en marcha -con mecanismos independientes pero lazos constantes en los que la figura del asesor Koldo García es omnipresente- por Ábalos y Santos Cerdán.

Con todo, incluso si siguen sin aparecer, probarse, documentarse o existir gestiones ilícitas que tengan otros beneficiarios o intenciones, es difícil de argumentar que no existe ninguna responsabilidad más allá de la de los implicados, cuanto menos por falta de vigilancia y control por parte de instancias superiores, que considerando su posición jerárquica, no son muchas. O tampoco sostener que la labor de limpieza de la escena del presunto delito emprendida por una militante socialista respondía a una iniciativa personal.

Pero el hecho de que esté más que en cuestión la limpieza de contratos por parte de ministerios, organismos públicos y comunidades autónomas hace muy difícil no extender las dudas a quienes, según los investigadores, a instancias de los hasta ahora imputados acabaron por tomar decisiones de gasto que coincidían con los deseos, indicaciones, contactos o sugerencias recibidos desde posiciones de poder orgánico en el partido y el Gobierno. Aunque, no solo judicialmente, sino desde el punto de vista de la valoración política y personal, hay una gran distancia entre la que merecen los responsables políticos que, bajo la presión imperativa del estallido de la covid, se veían impelidos a agarrarse a cualquier recurso para obtener material sanitario, la de quienes aprovecharon su posición en ese momento para lucrarse o, ciñéndonos al caso Cerdán, pudieron intervenir para que obras públicas acabasen recayendo justo en empresas comprometidas a determinadas contraprestaciones.

El caso Cerdán tiene el alcance que hoy tiene. Pero que el perímetro de las maquinaciones investigadas no haya dejado de crecer hace que la confianza ciega de algunos en que todo quede aquí sea más un deseo que una realidad.

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