Una condena súbita

El pasado jueves, Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito del art. 417.1 del código penal, que establece que «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados...». Hace relativamente poco, ya trasladé que la verdad jurídica en España la establece el Tribunal Supremo, y, se ha pronunciado. Como aún no disponemos de una sentencia material, desconocemos la fundamentación jurídica en la que se ha basado dicho Tribunal para emitir ese fallo, pero la tendremos.

Y, ahora, tenemos que recordar estas palabras «¿quién le va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?» o, estas otras, hace poco, «el Fiscal General del Estado es inocente». Estas palabras encajan a la perfección en el mundo en que Pedro Sánchez y su país de las maravillas parece haberse instalado. Soltar dichas afirmaciones, a la opinión pública, e inmediatamente, con las cajas de resonancia del ecosistema mediático del gobierno, difundirlo, una y otra vez, ¡y mil veces! hasta que cale en la gente, no ha servido de nada, jurídicamente hablando.

En ese país de las maravillas, tenemos a un exministro y diputado del Congreso, el señor Ávalos, al que el Fiscal Anticorrupción le está pidiendo una pena de cárcel de 24 años. Este señor, también fue secretario de organización del PSOE. A su compañero de correrías, que lo grababa todo, y que llevó una fulgurante carrera, desde portero de discoteca, hasta sentarse en el consejo de Renfe, 20 años. La esposa del presidente del Gobierno, encausada. Su hermano, también. El Señor Cerdán saliendo de prisión preventiva. El candidato a presidir Extremadura, encausado. Nada le ha impedido presentarse, legalmente, pero en este caso, la corrección pública, le debería haber indicado no hacerlo.

Además, Junts, le ha trasladado al Gobierno que no dispone de la mayoría que invistió a Pedro como presidente, interpretando el papel de conejo blanco, aun así, insiste: ¡vamos a agotar la legislatura!, y el equipo de opinión sincronizada, repite una y otra vez, hasta que la gente se lo crea.

La realidad, de los ciudadanos y la justicia, es otra, muy distinta, a la que Pedro Sánchez y su Gobierno nos quiere hacer creer. El Tribunal Supremo, se ha pronunciado y a modo de jarro de agua fría, va a hacer que algunos despierten de ese mundo imaginario en el que Pedro insiste que creamos. Ya no cuela.

La sentencia, cuando esté, nos dirá la fundamentación jurídica en la que se basa el fallo. Mientras, es imprudente opinar. Y los que opinan lo saben.

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