Sin mejor financiación local, no hay Aragón posible

Durante los años de gobierno socialista en Aragón, bajo la presidencia de Javier Lambán, se dio un paso decisivo hacia el fortalecimiento real de la autonomía municipal. Frente a los discursos vacíos y los gestos de cara a la galería, el Ejecutivo de Lambán optó por los hechos. Optó por consolidar una herramienta estable y eficaz para los ayuntamientos aragoneses, el Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM).

Este fondo, creado para regular la colaboración financiera entre la Comunidad Autónoma y las administraciones locales, no fue una simple transferencia de recursos, sino una apuesta estratégica por el autogobierno municipal, por la igualdad de oportunidades entre los territorios y por la cohesión social y territorial de Aragón.

Entre 2015 y 2019, los datos hablaron por sí solos: la financiación de las corporaciones locales se más que duplicó, pasando de 9,6 millones de euros a casi 21 millones. Pero más importante aún que la cifra, fue el espíritu que la inspiró: se trató de fondos incondicionados, entregados a los ayuntamientos para que estos decidieran libremente en qué invertir, de acuerdo con las necesidades reales de sus vecinos. Sin tutelas ni imposiciones. Sin paternalismo político.

Esa fórmula sencilla y eficaz permitió a los municipios planificar, invertir y actuar con estabilidad. Y, sobre todo, consolidó un principio básico: que la financiación local no debía depender del gobierno de turno, sino que debía blindarse frente a los vaivenes partidistas. Era, en definitiva, un paso hacia la madurez institucional de Aragón.

Sin embargo hoy, con un Gobierno del Partido Popular que presume del mayor presupuesto de la historia de Aragón, esa senda parece haberse interrumpido. Lejos de reforzar la financiación local, el Ejecutivo actual ha mirado hacia otro lado, dejando a los ayuntamientos –especialmente a los de las provincias más despobladas– con los mismos problemas estructurales y menos apoyo real.

Si el Gobierno de Aragón cuenta con más recursos que nunca, debería tener también más ambición que nunca. Con el margen presupuestario actual, es perfectamente viable –y justo– volver a duplicar las ayudas a los municipios aragoneses, tal y como se hizo en el anterior cuatrienio socialista. Esa sería la verdadera medida del compromiso con el mundo rural, con la igualdad entre territorios y con el futuro de Aragón.

Porque si los ayuntamientos no están bien financiados ni son respetados políticamente, hablar de igualdad, cohesión territorial o lucha contra la despoblación es solo poesía vacía y pura retórica.

Los municipios son el tercer pilar del Estado y el rostro más cercano de la democracia. En ellos recae buena parte del bienestar ciudadano, y muchas veces asumen, por puro compromiso, competencias que no les corresponden. Por eso, el Gobierno de Aragón debe ir de la mano de los ayuntamientos, no a remolque ni en solitario.

Finalmente, urge recuperar el espíritu y desarrollar plenamente la Ley de Dinamización del Medio Rural, que sigue pendiente de implementación.

Porque sin pueblos vivos no hay territorio. Y sin financiación local, sencillamente, no hay Aragón posible.

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