El ‘quid pro quo’ de la Transición

Tras la muerte de Franco, frente a la ruptura democrática defendida por las fuerzas de oposición, y después del fracaso de la opción continuista del Gobierno Arias-Fraga, sólo aparece como alternativa la reforma-ruptura controlada desde el Gobierno y patrocinada por la Corona, que había optado por esa vía desde el momento en que designó a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Era una estrategia que exigía conducir el cambio desde el respeto a la legalidad vigente, para evitar, al menos inicialmente, una ruptura constituyente que seguramente no hubiera sido aceptada en aquel momento ni por los restos del franquismo ni por amplios sectores del Ejército español.

Esa estrategia venía impuesta porque fue dentro de aquella legalidad donde Juan Carlos de Borbón, ante las Cortes en julio de 1969, había aceptado ser el «sucesor» a título de Rey, llegando a jurar, tras la muerte de Franco, fidelidad a las Leyes Fundamentales y a los principios del Movimiento Nacional. Tal era el punto de partida, que condicionaba inevitablemente la legitimidad de origen del monarca.

En el inicio de la Transición democrática, el Rey posee una legitimidad que se apoya en dos fuentes distintas: una, la que le viene de continuar la línea sucesoria de la monarquía tradicional (tras la abdicación del padre del monarca, don Juan de Borbón, en 1977); otra, la que se asienta en la legalidad franquista, establecida en la Ley de Sucesión (1947) y la Ley Orgánica del Estado (1967), y especialmente en la decisión personal del propio Franco designando -eso sí, mediante una norma legal votada en Cortes- en el verano de 1969 al entonces príncipe Juan Carlos como su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey.

El problema residía en considerar si estas legitimidades constituían un fundamento seguro sobre el que edificar el futuro de la Monarquía española. Parece claro que sobre aquellos cimientos legitimadores -una Monarquía «azul», del «Movimiento» o del «18 de julio»- no era posible fundar un régimen a la altura de su tiempo en Europa, y por lo tanto la Corona necesitaba abordar un proceso de desidentificación progresivo con las legitimidades de origen y paralelamente otro de identificación con los principios y valores de la democracia, de manera que sólo al final de ese proceso de «creación de legitimidad» la institución monárquica habría logrado sustituir sus legitimidades iniciales por las que le otorgaba ahora la democracia constitucional surgida del proceso constituyente de 1978.

A diferencia de lo que sucedió con la proclamación de la República de 1931, en nuestra cercana transición no se produjo una quiebra súbita del sistema anterior, sino más bien una ruptura gradual y pactada: la democracia fue conquistada a través de una serie de episodios, más o menos medidos, en los que precisamente tuvo un protagonismo relevante –en ocasiones desmesuradamente magnificado por los defensores de la Monarquía– el Rey. En todo caso, el Rey aceptó ser «el motor del cambio» (por utilizar una expresión que hizo fortuna en su momento) y amparar la transición democrática –como vía más idónea para la supervivencia de la propia institución monárquica en el contexto español y europeo del último cuarto del siglo XX–, legitimándose, a cambio, la Corona y el propio Juan Carlos como Jefe del Estado de la nueva democracia constitucional. Tal fue el quid pro quo que presidió nuestra última Transición a la democracia.

Nuestra recuperación de la democracia se hizo incluso desde supuestos que rompieron con la tradición española respecto a la forma de proceder cuando acontecía un cambio político de envergadura. La democracia actual es el único régimen de los que existieron en la España del siglo XX que no ha intentado depurar las responsabilidades jurídicas o políticas de quienes ejercieron el poder en el régimen anterior (la Dictadura primorriverista demandó ciertas responsabilidades jurídicas y políticas a los prohombres de la Restauración, la II República hizo lo propio con la Dictadura y la Monarquía y el franquismo depuró cuanto pudo a los republicanos). Seguramente porque de lo que se trataba, a la postre y por encima de todo, era de incorporarnos de una vez por todas al status de país democrático.

La sociedad y el régimen republicanos de 1931 decidieron no olvidar y «ajustaron cuentas» con el inmediato pasado monárquico, enjuiciando severamente sus responsabilidades. Por el contrario, no hubo en nuestra transición democrática pretensión alguna de sustanciar responsabilidades regias por su original anclaje en el régimen franquista, una vez aceptado el supuesto de que el Rey facilitaría la operación constituyente que se consumó en 1978 con una auténtica ruptura política y un cambio de régimen constitucional. De ese quid pro quo se benefició sin duda la Monarquía, y todos ganamos la democracia.

Creo, no obstante, que nada de esto hubiera sido posible sin el acierto del Rey al designar, en julio de 1976, a Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno. Hubo muchos elementos responsables del éxito de la Transición, pero la figura de Suárez se agranda con el tiempo. Él tuvo el coraje político de ser, en cierto modo, traidor -y no fue el único- a los principios del Movimiento y de las Leyes Fundamentales franquistas, mediante la promoción y defensa de la Ley para la Reforma Política, la llave jurídica que dinamitaba el entramado institucional franquista y abría el camino para llegar hasta la primavera-verano de 1977 y a las primeras elecciones democráticas desde la época republicana. Aquellas elecciones de junio de 1977 fueron el pórtico de un verano muy especial, en realidad el primer verano democrático de nuestra vida. Probablemente casi nadie hoy lo recuerda, pero la crónica sentimental de aquel verano del 77 –como diría el inolvidable Vázquez Montalban– se cerró con la muerte de aquel gran personaje que jamás se hubiera hecho de un club que le aceptara como socio.

Y sin embargo, por encima del conocido principio «marxista», aquel verano del 77 los españoles estábamos entrando en un club, el de la democracia, del que nunca más queríamos dejar de ser socios. Precisamente para ello nos pusimos manos a la obra aquel mismo verano, iniciando un proceso constituyente que nos ofrecería finalmente el fruto de la CE de 1978, el marco jurídico fundamental para la convivencia en ese club al que, contraviniendo a Groucho Marx (algo que seguramente él mismo no vería con desagrado), desde luego queríamos y queremos seguir perteneciendo.

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