Malos tiempos para la lírica

Hace dos días, Santiago Abascal se daba un baño de masas en la capital aragonesa, megáfono en mano, al haber llenado la sala en la que se había citado con sus simpatizantes, como si de Pablo Iglesias con traje y corbata se tratara, en pleno año 2015, llamando a "los patriotas" a "salvar España".

Por otro lado, hace menos de una semana se celebraban los 50 años del inicio de la democracia en nuestro país, tras la muerte de Franco, y nos desayunábamos con varias encuestas que arrojan resultados preocupantes para los demócratas: que alrededor de un 26% de los jóvenes varones menores de 26 años entienden que «en determinadas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible», o que el 21,3% de los españoles encuestados cree que los años de la dictadura de Franco fueron «buenos o muy buenos» para España y que el 17,3% opina que el régimen democrático actual es «peor o mucho peor» que la dictadura.

Súmenle a esto la condena al fiscal general del Estado anunciada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un 20N, sin haber redactado siquiera la sentencia y con dos votos discrepantes. No seré yo quien critique una sentencia sin haberla leído; lo haré, en todo caso, cuando se publique y se puedan comprobar los hechos que se declaran probados y la motivación jurídica que esgrime el Supremo para condenar al fiscal, si no me convence; pero sí que voy a criticar las formas. A fin de cuentas, fue un juicio televisado en el que no se practicó prueba alguna que permitiera enervar la presunción de inocencia del fiscal y afirmar que él filtró los correos de marras, que todos teníamos claro que era por lo que se le enjuiciaba. Y no sólo eso, sino que, siendo que finalmente se le condena por «revelación de datos», conviene recordar que no ha sido hasta la celebración del juicio cuando la nota de prensa que se remitió desde Fiscalía para desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha tomado relevancia delictiva. Es decir, que, al parecer, se ha condenado al fiscal general por algo que, hasta el juicio, se habría dejado bastante claro por sus señorías que no se consideraba delictivo, ya que la información que se recogía en la nota de prensa ya era pública.

Y, sin embargo, no ha sido así: bastante claro no era completamente claro, y sorpresivamente y sin casi tiempo de deliberación, la Sala Segunda del Supremo –la misma que Ignacio Cosidó, del PP, reconoció por escrito que «controlarían por detrás» cuando se llegó a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial– lo ha condenado a dos años de inhabilitación.

Corren, por tanto, malos tiempos para la lírica. El descrédito absoluto de las instituciones, con los casos de corrupción cercando al Gobierno del PSOE y al principal partido de la oposición, y con la duda de la utilización política tanto de la Fiscalía General del Estado como del Tribunal Supremo –en el mismo caso pero en sentidos contrarios– no hace sino acrecentar la desconfianza en un sistema que no acaba de resolver los problemas del día a día de la ciudadanía.

Y es que, por mucho que los grandes datos macroeconómicos encumbren cada vez más a España, lo cierto es que los datos sobre desigualdad, pérdida de valor adquisitivo y el problema de la vivienda se acrecientan. En España, los salarios nominales han subido, pero la inflación y las crisis encadenadas han hecho que el salario real apenas mejore en tres décadas y que, desde la pandemia, los trabajadores hayan perdido en torno a un 2–3 % de poder adquisitivo, sólo parcialmente recuperado en 2024. Si a esto le añadimos que el precio de la vivienda no deja de subir y la gente joven no puede siquiera soñar con algo tan básico como emanciparse –mientras para otros la vivienda sigue siendo un bien de inversión con el que ganar dinero, sin que se le ponga cortapisa alguna–, es el caldo de cultivo perfecto para generar desafección por un sistema y unos partidos que es normal que los jóvenes entiendan que no se preocupan por ellos, sino que dedican su tiempo y el dinero de todos a intentar mantenerse en el poder.

Y, con ese barro, esa merdé, si se me permite la expresión, es fácil generar el lodo del odio del que se alimentan partidos como Vox y cuestionar incluso el mantenimiento de las instituciones tal cual las conocemos.

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