Gobierno y sectores estratégicos

La responsabilidad de los gobiernos es grande cuando hablamos de política industrial. Los estados no solamente dibujan el campo de juego y redactan las normas, sino que, a través de las instancias reguladoras, actúan también como jueces o árbitros, pues deben garantizar que el juego se desarrolla dentro de los cauces acordados. Pero es que además las administraciones públicas son asimismo actores relevantes, dado que pueden controlar total o parcialmente empresas vitales para el devenir del país. La situación, por consiguiente, encierra una alta complejidad. Y es fácil, en esta situación, pecar por exceso o bien por defecto, interviniendo más de lo razonable o, por el contrario, dejando de hacerlo, o haciéndolo de forma insuficiente, cuando es necesario.

Hemos observado en los últimos tiempos diferentes movimientos del Gobierno español en relación con algunas grandes empresas. Uno de ellos fue el veto del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la opa sobre la compañía ferroviaria Talgo por parte de la húngara Magyar Vagon. Luego, se acordó que la empresa Sidenor tomara el control de Talgo de la mano de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno considera que Talgo es una empresa estratégica y que la venta podía acarrear «riesgos insalvables para la seguridad nacional». Ejecutó una maniobra similar el Ejecutivo cuando recuperó, también a través de la SEPI, la participación en Telefónica que había adquirido el grupo saudí STC Group. A principios de este año, la SEPI impulsó el relevo en la cúpula de Telefónica y situó a Marc Murtra como presidente de la compañía. Pasados unos meses, Murtra propuso un ERE que afectaba a más de seis mil trabajadores, algo que provocó la reacción de la vicepresidenta y titular de Trabajo Yolanda Díaz: «El dinero público no está para despedir a nadie». La parte socialista del Gobierno, sin embargo, se mostró favorable a la reducción de plantillas. Otra decisión de calado ha sido la apuesta por convertir a Indra -de la cual la SEPI controla más del 28%- en un verdadero «campeón nacional» en el ámbito de la industria militar y de defensa. La adjudicación de contratos públicos, en un contexto de notable incremento del presupuesto de defensa, es uno de los mecanismos empleados para el robustecimiento de la firma.

Como se observa en los ejemplos anteriores, el Gobierno dispone de muy considerables recursos financieros y de un amplio abanico de posibilidades para poder conjurar riesgos y asegurarse el control español de empresas que considera claves. Igualmente, cuando se trata de evitar que inversores extranjeros no deseados incidan en empresas de sectores como la tecnología, la seguridad o servicios esenciales, entre otros. Siendo cierto que el Gobierno debe preservar las industrias estratégicas, pues ello sirve al interés general, debe hacerlo siempre con plena transparencia y claridad sobre los objetivos y evitando cualquier sospecha sobre su ejecución. El peligro de fondo es que el Estado se extralimite. Que vaya más allá de lo sensato y, abusando de los recursos e instrumentos a su disposición, aumente su peso en empresas y sectores sin que tal cosa esté plenamente justificada por razones estratégicas o de interés general. O, en este mismo sentido, que sus decisiones respondan a motivos espurios o persigan intereses de naturaleza partidista o electoral.

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