Privatizar la enseñanza

La privatización de la enseñanza tiene muchos puntos en común con la de la sanidad, pero presenta algunas particularidades de relevancia. Primero, por el marco normativo en el que se articula y desarrolla el sistema de educación y formación en nuestro país. Y segundo, por la disparidad de niveles y el número y dispersión de los centros donde se presta ese servicio público. No olvidemos que en el texto constitucional se reconoce el derecho a la creación de centros docentes y el derecho «que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», pero también en ese mismo artículo se dice que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza» (CE, art. 27). Hagamos, pues, un somero repaso de las medidas privatizadoras tomadas en varias comunidades autónomas, bien es cierto que en unas con más intensidad que en otras.

En el nivel universitario hay que considerar un elemento capital y diferenciador: la autonomía universitaria. Es un sistema complejo, ya que concurren tres capas de competencias: estatal, autonómica y la propia universitaria. Un cruce difícil. En este ámbito, la privatización se lleva a cabo en tres sentidos. Uno, la puesta a disposición de solares y edificios públicos municipales a empresas e instituciones, incluso extranjeras, para la instalación de una universidad privada y créditos blandos y a muy largo plazo que se les proporcionan para ello desde las arcas autonómicas. Dos, el reconocimiento de nuevas universidades privadas por parte del parlamento regional, incluso de las que no cuentan con informe favorable previo de las agencias de evaluación y aseguramiento de la calidad. Y tres, en paralelo, la asfixia económica de las universidades públicas ubicadas en su territorio, que dependen en gran medida de los recursos procedentes de su comunidad autónoma, administración obligada a garantizar, al menos, la financiación estructural basal de las públicas (LO 2/2023).

En el ámbito no universitario la situación es diferente, ya que las comunidades autónomas disponen estatutariamente de directas competencias de desarrollo legislativo, gestión y ejecución. Incluso hay diferencias sustanciales entre las distintas enseñanzas no universitarias. La privatización se produce particularmente en la formación profesional. Empresas privadas e incluso fondos de inversión han visto en los ciclos formativos, especialmente en los superiores de ciertas ramas profesionales, un nicho de mercado con rentabilidades aseguradas. Interpretando muy relajadamente la normativa estatal (LO 3/2022), ciertos gobiernos autonómicos autorizan la creación y funcionamiento de nuevos centros de FP en instalaciones que distan mucho de reunir unas condiciones idóneas de calidad y, además, apenas ejercen el control y la inspección de la formación dual en empresas y organismos equiparados. Por otra parte, esos mismos gobiernos regionales restringen la oferta de plazas en sus centros públicos de FP, sobre todo de aquellas con mayor demanda social, mientras autorizan aumentarlas en los centros privados.

La privatización en otras enseñanzas no universitarias se concreta sobre todo en la financiación de centros privados a través de conciertos educativos. Por un lado, en la fijación de la oferta de plazas en la red de centros sostenidos fondos públicos, poniendo por delante la «libertad de elección de centro» a una equilibrada distribución del alumnado como marca la normativa vigente (LO 3/2020). Por otro, en la transigencia de la administración autonómica en el cobro de actividades complementarias y extraescolares y los servicios que deben ser voluntarios y que algunos centros privados los convierten, de facto, en obligatorios a la hora de admitir la matrícula. Y además, en la concertación de tramos no obligatorios de enseñanza (0-6, bachilleratos) cuando existen vacantes suficientes o podrían crearse nuevos puestos en la red pública.

Las consecuencias de esa privatización de la enseñanza son evidentes. En el ámbito universitario, la proliferación de universidades privadas («chiringuitos») y de ofertas formativas de muy baja calidad y una merma importante de la credibilidad del sistema universitario español, en su conjunto, en la esfera internacional. En el no universitario, una cuestionable gestión en cuanto a eficacia y eficiencia de los recursos públicos, con resultados dudosos como puede verse en las evaluaciones internacionales (PISA, por ejemplo), y la concentración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la escuela pública. En el fondo, con políticas privatizadoras se consolida la estratificación de la sociedad por clases, pues cada cual va al colegio que (según algunos) «le corresponde» y la universidad está dejando de ser ascensor social, y, de paso, las empresas privadas hacen negocio económico e ideológico en el terreno de la enseñanza.

Es de esperar que la nueva normativa de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios (RD 905/2025) asegure la calidad de todas nuestras universidades y que todos los sistemas de control, evaluación e inspección del sistema educativo funcionen, con independencia y sin cortapisas, para garantizar a todos y todas, sin exclusión, nuestro derecho a una educación de calidad. Independientemente de su color político y desde el respeto a la iniciativa privada, toda administración pública tiene la obligación legal y moral de poner en primer término sus propios centros educativos: los públicos.

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