Cuando el cuidado deja de ser un derecho

En España hablamos mucho de pensiones, algo de dependencia y casi nada de cuidados. Como si cuidar fuese un gesto natural, espontáneo, algo que simplemente ocurre en las casas sin que nadie lo planifique, lo valore o lo sostenga. Pero la realidad es que el sistema está agotado, y en comunidades como la nuestra, que es una de las más envejecidas del país, la crisis de los cuidados ya no es un debate: es una urgencia social.

La dependencia crece, pero los recursos no. Cada año aumenta el número de mayores con necesidades de ayuda diaria, mientras las listas de espera para recibir asistencia se prolongan durante meses. «Nos dijeron que tardarían cuatro semanas, pero llevamos cinco meses esperando», me dijo una mujer de Daroca ayer, hija de un hombre con deterioro cognitivo. Su testimonio se repite en cientos de pueblos donde la vejez avanza, pero los servicios no llegan.

El sistema se apoya, de manera casi silenciosa, en la espalda de las mujeres. Cuidadoras informales, familiares que renuncian a trabajos o reducen jornadas para atender a padres, madres o parejas. Gente que tiene que dejar su empleo porque no puede pagar una residencia ni encontrar una auxiliar que viniera todos los días, no tienen otra opción. La conciliación, en España, es en demasiados casos una ficción.

A esta realidad se suma un problema estructural que es la brecha rural. Mientras en las ciudades la oferta de residencias y centros de día es insuficiente, pero existe, en muchas comarcas aragonesas la alternativa es inexistente. Un anciano dependiente en la Ribagorza, en Daroca o en la Sierra de Albarracín puede tener que recorrer decenas de kilómetros para acceder a un servicio básico. Y cuando la geografía limita la atención, la dependencia se convierte en abandono involuntario.

Las residencias, por su parte, se encuentran atrapadas entre la creciente demanda, la falta de personal cualificado y un modelo que parece agotado. La pandemia nos dejó varias lecciones, y una de ellas es que tratar los cuidados en residencias como un simple «parking» de mayores no es digno ni sostenible. Aragón ha vivido debates recientes sobre la calidad asistencial, la financiación y el papel de las empresas en el sector, pero lo esencial queda pendiente, ¿qué tipo de sociedad queremos ser cuando la mayoría de nosotros necesite ayuda?

La crisis de los cuidados no es un problema técnico, sino un reto político y moral. Y tiene soluciones, siempre que haya voluntad. Reforzar la atención domiciliaria, especialmente en zonas rurales; reconocer laboral y económicamente el trabajo de las cuidadoras; crear incentivos para atraer profesionales al medio rural; integrar tecnología asistencial que permita vivir en casa más tiempo; desarrollar pequeñas residencias de proximidad en lugar de macrocentros impersonales; coordinar sanidad y servicios sociales para evitar que las familias queden atrapadas en un laberinto burocrático.

Pero sobre todo, es necesario un cambio de mentalidad, dejar de considerar la dependencia como una cuestión privada y asumirla como una responsabilidad colectiva. El envejecimiento no es un fracaso, es un logro social. Lo que sí sería un fracaso es no estar a la altura de quienes hicieron posible que hoy vivamos más.

La pregunta entonces es fácil. ¿Queremos que España y Aragón en concreto sigan improvisando, o queremos construir un nuevo contrato social de cuidados? Lo que hagamos hoy decidirá cómo viviremos mañana. Y cómo nos dejarán vivir cuando nos toque estar al otro lado.

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