Sin acuerdo, parálisis

Pedro Sánchez ha concedido esta semana varias entrevistas en que ha emitido mensajes que responden al objetivo inequívoco de recomponer, o al menos desbloquear, la relación con Junts per Cataluña en uno de los momentos más delicados de la legislatura. El presidente reconoció los «incumplimientos» del acuerdo de Bruselas que hizo posible su investidura e intentó transmitir que un reinicio aún es viable. Su gesto responde a la necesidad de contener la creciente debilidad parlamentaria del Gobierno pero no parece que exista una posibilidad real de recomponer la mayoría. A esta fragilidad se suma la erosión provocada por los escándalos de corrupción que afectan a su entorno, tras la entrada en prisión provisional de José Luis Ábalos y Koldo García, que amplifican aún más la sensación de vulnerabilidad.

En su intento de recomponer la relación, Sánchez asumió personalmente los retrasos, reiteró su determinación de corregirlos y llevó al Consejo de Ministros un decreto que responde, aunque sea de forma parcial, a las condiciones que Junts había fijado para retomar el diálogo. El texto flexibiliza el margen de gasto de ayuntamientos y diputaciones, una reivindicación clave para el municipalismo, inquieto por el avance de Aliança Catalana y necesitado de mayor capacidad inversora en ámbitos sensibles como la vivienda o la gestión del agua. El decreto también amplía los plazos de la digitalización obligatoria de la facturación, dando un respiro a empresas que pedían más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias. Asimismo, Sánchez se comprometió también a desbloquear la ley contra la multirreincidencia –una prioridad histórica de Junts en materia de seguridad– y a retomar la publicación de las balanzas fiscales, un gesto de alto valor simbólico para el independentismo. A ello añadió también el anuncio de un segundo decreto con ayudas a propietarios ante posibles impagos de alquiler, una medida orientada a reforzar la seguridad jurídica en un mercado ya de por sí muy tensionado.

Con este paquete de medidas, Sánchez busca enviar señales tanto a Junts como al empresariado catalán, al que la semana pasada Alberto Núñez Feijóo apeló para que presionara a los posconvergentes en favor de una moción de censura. Pero para Junts el movimiento sigue siendo insuficiente. «No cuela», repiten en su dirección, convencidos de que la iniciativa llega tarde y no resulta creíble. Y aunque el partido insiste en que solo los hechos pueden cambiar el escenario, lo cierto es que su justificación de la ruptura en los mencionados incumplimientos es, como mínimo, una explicación parcial: tras este movimiento subyace la necesidad de despegarse de Sánchez para contrarrestar el efecto de Aliança Catalana.

Sánchez mantiene su objetivo de llegar a 2027 aunque la aritmética parlamentaria convierta cada votación en una muestra de debilidad. El rechazo a la senda de déficit la pasada semana confirmó que sin Junts no habrá Presupuestos ni margen efectivo para gobernar, por más que el presidente reivindique la utilidad de unas cuentas prorrogadas. Junts parece tan poco dispuesta renovar su apoyo a Sánchez como a precipitar un vuelco que facilite una alternativa encabezada por el PP. Un escenario de parálisis que puede hacer posible, al menos durante unos meses, la voluntad de Sánchez de resistir a cualquier precio. Aunque es el presidente del Gobierno quien debería valorar si a España le conviene seguir instalada en la parálisis.

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